Señala abuso en prisiones
Critica además a abogados e investigadores por presuntamente realizar un trabajo inadecuado
Entre los casos mencionados se incluye el uso de fuerza contra los reclusos y otros incidentes ocurridos fuera de las cárceles. Crédito: AP
SACRAMENTO. Una empleada de una prisión del estado fue acusada de haber concebido el hijo de un recluso. Se acusó a otra funcionaria de enviar fotografías de ella desnuda al celular de un preso, y este teléfono había ingresado a la cárcel ilegalmente.
Y una empleada que se desempeñaba como guardia de seguridad enviaba cartas de amor a otro recluso.
Estos ejemplos de relaciones indebidas en la cárcel también ilustran una de las maneras que los reclusos de California usan para obtener ilegalmente teléfonos celulares.
Estos son algunos de las decenas de casos disciplinarios que se encuentran en un informe elaborado este mes por el inspector general del sistema carcelario. El informe indica que el tráfico ilegal de teléfonos celulares y las relaciones ilícitas son problemas recurrentes para el Departamento de Penitenciarías y Rehabilitación.
Las autoridades reconocieron ayer que los problemas existen, aunque el departamento está actuando con rapidez al despedir a los empleados o presentar cargos penales cuando es posible.
Sin embargo, la Oficina del Inspector General, en su informe de 272 páginas, también criticó a los abogados y otros investigadores del departamento ya que con frecuencia no realizan las investigaciones en forma adecuada ni con rapidez.
Se presentaron cargos contra las funcionarias de la penitenciaría acusadas de enviar fotografías de ellas desnudas y cartas de amor a los reclusos. También se presentaron cargos contra una enfermera vocacional certificada, la que supuestamente mantuvo una relación sexual con un preso al tiempo que suministraba drogas y teléfonos celulares a otros reclusos.
El informe no mencionó los resultados de estos procesamientos, que enumera 419 investigaciones disciplinarias que el inspector general supervisó durante los primeros seis meses del año.
Entre los casos mencionados se incluye el uso de fuerza contra los reclusos y otros incidentes ocurridos fuera de las cárceles, así como también acusaciones de contrabando y relaciones impropias con los reclusos. Algunos de los casos se remontan varios años, incluyendo el de una funcionaria administrativa que supuestamente tuvo un hijo con un preso.
Los fiscales no presentaron cargos contra la empleada ya que no pudieron obtener el ADN de la mujer ni del bebé para comprobar que el recluso era el padre. La funcionaria renunció a su cargo y no pudo ser localizada, después de que el agente especial a cargo de investigar el caso demorara 15 meses en presentar su informe a la procuraduría del distrito, según al informe.
“Lo tomamos muy en serio, pero desafortunadamente esas cosas pasan”, dijo Dana Simas, portavoz del departamento, sobre las relaciones impropias.
El departamento tiene casi 50 mil empleados, dijo, “por lo tanto, hay una probabilidad alta de tener algunos casos malos”.
El departamento intenta evitar que los empleados tengan demasiada familiaridad con los presos mediante el cambio de guardias y de las tareas asignadas, a fin de que no estén siempre lidiando con los mismos reclusos, señaló Ryan Sherman, portavoz de la Asociación de Funcionarios de Centros Penitenciarios de California, que representa a la mayoría de los guardias.
Hace un año, el estado promulgó una ley que por la cual era ilegal ingresar ilegalmente un teléfono celular a una cárcel para un recluso. Esta ley se aplica a los empleados de las penitenciarías como a los no empleados, considerándose un delito menor que conlleva un castigo de hasta seis meses en la cárcel y una multa de cinco mil dólares por cada dispositivo ingresado ilegalmente.
