Cambia de manos atención de presos en California

SACRAMENTO. – Los jueces federales comenzarán hoy a delegar responsabilidad a las autoridades de los centros penitenciarios de California por la atención médica de los reclusos, lo que marca el primer paso que pondría fin a la intervención que duró siete años y en la que el estado ha gastado miles de millones de dólares para mejorar las condiciones médicas de las cárceles.

El Departamento de Penitenciarías y Rehabilitación de California (CDRC, en inglés) asumirá la responsabilidad de contratar empleados al tiempo que se prepara para inaugurar un complejo médico para reclusos de mil millones de dólares en Stockton. El estado también tiene a su cargo a los 2,200 guardias responsables de transportar a los reclusos a las citas médicas.

Si la transición continúa siendo buena, el supervisor nombrado por el juez, J. Clark Kelso, pronosticó que su control de la atención médica de los reclusos podría finalizar en aproximadamente un año. Es probable que un juez federal nombre a un representante judicial que supervise el cumplimiento del estado al menos hasta el año 2014.

“Este es el primer paso en devolver el control de la atención médica al estado”, Kelso señaló en una entrevista. “Debemos permitirles ver si pueden hacerlo sin ninguna de las competencias especiales que son parte de la intervención”.

El tiempo apremia para las autoridades de los centros penitenciarios ya que deben capacitar a 2,000 empleados para gestionar el Centro de Atención Médica de California en Stockton, antes de que comience a aceptar los primeros 1,700 pacientes el verano próximo, señaló.

Las nuevas responsabilidades del estado también incluyen la adquisición de todo tipo de implementos, desde camas a papel higiénico para el centro médico, además de establecer todas las políticas y procedimientos necesarios para operar el complejo.

“No cabe duda de que CDCR tiene plena confianza en que nos podemos volver a encargar de estas importantes responsabilidades relacionadas con la atención médica, y esperamos poder continuar en ese proceso hasta que toda la autoridad vuelva a quedar en manos del estado”, señaló el portavoz del departamento de penitenciarías, Jeffrey Callison.

Kelso afirmó que también cree que el estado puede cumplir con los desafíos. Pero si no lo logra, podrá retomar el control conforme a la transición gradual ordenada en mayor por el juez del distrito federal Thelton Henderson de San Francisco.

Dijo que probablemente no encomendaría otras responsabilidades al control del estado hasta la primavera. Las autoridades estatales han luchado por poner fin a la intervención, afirmando que pueden ofrecer atención médica en forma más económica y eficiente.

El gasto total en la atención médica, dental y mental de los reclusos ha aumentado a más del doble en la última década, de 1.1 mil millones de dólares en el año fiscal 2003-04 a 2.3 mil millones de dólares que se estiman en este año fiscal, conforme al Departamento de Finanzas.

Los salarios también han aumentado considerablemente desde que los jueces federales tomaron el control y los supervisores buscaron contratar una mayor cantidad de personal médico más calificado.