Juicio por caso Bell es el 9 de enero
Robert Rizzo será enjuiciado por separado junto con su exasistente
La ciudad de Bell, de apenas 2.5 millas cuadradas de extensión territorial, tiene poco más de 35 mil habitantes. Crédito: <copyrite>La Opinion)</copyrite><person> Aurelia Ventura< / person>
El 9 de enero dará inicio el juicio en contra de seis de los ocho exfuncionarios que protagonizaron el escándalo de corrupción en la ciudad de Bell desatado hace dos años.
Así lo determinó ayer la jueza Kathleen Kennedy durante una breve audiencia premiliminar en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, donde comparecieron los seis acusados de malversación de fondos públicos.
Se trata de los ex concejales Óscar Hernández, Teresa Jacobo, George Mirabal, Luis Artiga, George Cole y Víctor Bello, quienes de acuerdo a la acusación formal de la Fiscalía de Distrito, se enriquecieron a expensas del erario público al permitir un esquema de corrupción.
Sus abogados impidieron que los acusados hicieran declaraciones a la prensa.
En ese supuesto esquema de enriquecimiento, la Fiscalía los acusa de obtener exorbitantes compensaciones salariales de $100 mil dólares al año.
También se les acusa de usar inapropiadamente $5.5 millones de dólares de las arcas de la ciudad para préstamos personales. Ellos se han declarado inocentes y enfrentarán el juicio dentro de nueve semanas.
El escándalo salió a relucir cuando el diario Los Ángeles Times publicó una serie de artículos periodísticos que a la postre ganó el premio Pulitzer, en los cuales denunciaban que el administrador de Bell, Robert Rizo, tenía un sueldo anual de $787,500, considerado excesivo y como un despilfarro de la ciudad porque era un salario que no correspondía a sus deberes y responsabilidades.
La ciudad de Bell, de apenas 2.5 millas cuadradas de extensión territorial, está ubicada a nueve millas al sureste del centro de Los Ángeles y tiene poco más de 35 mil habitantes, en su gran mayoría latinos.
El caso de Rizzo, junto con su exasistente Angela Spaccia, será llevado de manera separada al de los seis exconcejales, ya que estos dos enfrentan cargos por malversar fondos públicos, conflicto de intereses, falsificar y ocultar documentos públicos.
