Enfrentados en inmigración

Política

CHICAGO – Algunos, debido al puñado de llamamientos a una amnistía para inmigrantes sin documentos, después de la reprimenda recibida por los republicanos en las urnas, pensaron que una reforma migratoria bipartidista sería prácticamente una mera formalidad. El Partido Republicano, sostenían, estaba listo para desagraviar a los latinos.

Obviamente, era una suposición ridícula por dos motivos. El Partido Republicano nunca ofrecería una amnistía plena e incondicional a los inmigrantes ilegales de la nación a fin de ganarse votos latinos para 2016. Y sin duda, los electores hispanos, que se consideran demócratas, no se lanzarían ciegamente a los brazos del Partido Republicano aunque se concediera la amnistía.

Aún así, la alarmante velocidad con que la Ley ACHIEVE de los republicanos demostró no tener ni la mínima chance indica, elocuentemente, qué pocas concesiones se harán para cualquier plan de reforma migratoria que se proponga.

Esencialmente, se llega a un acuerdo cuando todos obtienen algo de lo que quieren y nadie obtiene todo lo que desea. Pero los demócratas, y los grupos de activistas que los apoyan, han puesto en práctica, constantemente, la estrategia perdedora de no considerar nada que no equivalga a una amnistía plena. La Ley ACHIEVE, recientemente anunciada como alternativa a la Ley DREAM, fue inaceptable de entrada para la mayoría de los demócratas porque no conduce automáticamente a la ciudadanía, como lo hace la Ley DREAM. Aún así, los republicanos extenderían nuevas visas a los menores de 28 años, que fueron traídos a los Estados Unidos antes de los 14 años y no tienen antecedentes penales serios.

Se pensaría que los grupos de incidencia, que han estado durante siete años bramando sobre el tormento a que están sometidos los jóvenes inmigrantes ilegales por carecer de categoría legal, se mostrarían al menos abiertos a la posibilidad de obtener residencia legal y permiso de trabajo.

Pero, no. Permítanme resumir las quejas que están presentando las organizaciones de incidencia contra esta posibilidad de obtener categoría legal para toda la vida:

— La edad y la cronología educativa “arbitrarias” impedirían que algunos jóvenes cumplieran los requisitos, como también lo harían las estipulaciones de buena conducta de la Ley ACHIEVE.

— La ley no aseguraría que la educación de los estudiantes fuera asequible, porque se les negarían préstamos garantizados, y programas para estudiar y trabajar, y porque no hay una estipulación que provea de incentivo a los estados para conceder a los estudiantes habilitados la misma matrícula de los residentes del estado.

— Las tarifas de solicitud son costosas y, a causa de los nuevos requisitos burocráticos, el proceso se volvería complejo y oneroso, tanto para los organismos federales como para los estudiantes.

— La ley no proporcionaría seguro de salud ni asistencia de nutrición, lo que afecta el éxito educativo.

Según United We Dream, una organización de incidencia para la juventud, la Ley ACHIEVE equivale a “un cínico gesto político”. Daniel Rodríguez, activista de United We Dream, la describió como “una bofetada en la cara”. Otros han comenzado a llamarla la “Ley que no logra nada”(1)

Lo que no se dice en todos estos comentarios notablemente negativos es que quejas similares —sobre las edades límite, la falta de beneficios gubernamentales y otras estipulaciones— formaron parte del debate en torno a la Ley DREAM y volverán a surgir nuevamente en toda legislación más amplia sobre la inmigración, patrocinada por los demócratas.

Por ejemplo, el Comité Hispano del Congreso anunció sus principios generales para un plan de reforma migratoria. Puedo anticipar los gritos de desprecio cuando surjan los detalles, porque los hemos oído antes.

El primer principio ya tiene el potencial de dividir a los defensores. Requiere que “los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos se inscriban en el gobierno federal, presenten las huellas dactilares y una verificación de sus antecedentes penales, aprendan inglés e Instrucción Cívica estadounidense y paguen impuestos para contribuir plena y legalmente a nuestra economía, y ganarse un camino hacia una residencia permanente y, tarde o temprano, la ciudadanía”.

Surgirá la inquietud de que la inscripción coloque a los inmigrantes bajo riesgo de deportación, de que las verificaciones de antecedentes penales sean erróneas —una objeción constante contra los sistemas de verificación para empleo, que también son parte de los principios del comité— y temor de que los exámenes de inglés e Instrucción Cívica descalifiquen a los solicitantes. Es seguro que toda tarifa de solicitud para la ciudadanía será considerada como prohibitivamente alta, y los períodos de espera, muy largos.

Ambos bandos deben comenzar a buscar un terreno propicio para el avenimiento, con el entendimiento de que si no están preparados para salir con más de lo que tienen ahora, pero menos de lo que les gustaría tener, toda acción en el tema inmigración no llegará a nada