Comunidades Seguras en Orange

La opinión legal de la procuradora estatal Kamala Harris sobre el programa federal Comunidades Seguras, abrió la puerta para que las agencias policiales puedan salirse del programa que ha deportado más inocentes que delincuentes peligrosos indocumentados.

Por eso es lamentable que el Sheriff del condado de Orange, Lindy Pendergrass, no aproveche la ocasión, como su colega de Los Ángeles, y siga empecinado en seguir reconociendo las solicitudes de ICE para retener a los detenidos.

El argumento para mantener esta postura suele ser la seguridad pública, una postura popular entre los conservadores que lo han sostenido en este cargo por 28 años. Sin embargo, en realidad esta política pone más en peligro esa seguridad que lo que la protege.

Esto tiene que ver con los cambios demográficos del condado y con el crecimiento de la población latina y la indocumentada. Estos residentes deben tener confianza en el Sheriff para poder reportar delitos sin el temor que haya una posibilidad de ser deportados.

Pendergrass tuvo la oportunidad para dar esa señal pero optó por no hacerlo.

Con esta postura queda la insólita situación que haya dos implementaciones migratorias distintas que conviven una al lado de la otra. Por ejemplo, si un conductor inmigrante es detenido en la autopista 5 puede ser tratado de distinta manera si esto ocurre en Los Ángeles o en Orange .

Esta es una inconsistencia inaceptable que refuerza la necesidad de una ley estatal , como el TRUST Act , que prohiba la participación de las autoridades locales en Comunidades Seguras. En este caso, el uso de la discrecionalidad no es una política para fines prácticos. Por eso, los esfuerzos del gobernador Jerry Brown deben estar centrados en uniformar la relación de las autoridades del orden locales, con las autoridades migratorias, de manera que no haya deportaciones injustas y refuerce la seguridad pública.