Adiós a los mediadores de las cortes en LA
Despedirán a encargados de lidiar con casos civiles para no llegar a un juez
El sistema judicial angelino calcula perder unos 237 trabajadores, que se suman a los 1,000 despidos que se han efectuado en los últimos seis años. Crédito: J. Emilio Flores / La Opinion
La eliminación paulatina de los mediadores de casos civiles, a partir del lunes 11 de marzo, es el último de varios recortes fiscales que han impactado severamente al sistema judicial de Los Ángeles.
Esta figura, que opera desde hace dos décadas, liberó en el ciclo 2011-12 de casi 13,000 procesos a las ya saturadas cortes del condado. Por ello, se anticipa que suba el tiempo en que una disputa de carácter civil sea escuchada por un juez. Actualmente, la espera promedio es de un año y medio.
La desaparición del departamento de Resolución Alterna de Disputas (ADR), el más grande en su tipo del país, se debe a un ahorro obligado de 55 a 85 millones de dólares en el período 2013-14 en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles. Por el déficit, sus puertas cerrarán definitivamente el 28 de junio.
“Desafortunadamente no sólo por el cierre del departamento ADR, sino por muchos otros cambios que se han hecho, el tiempo para que los casos civiles lleguen a los juzgados incrementará sustancialmente en los próximos años”, dijo Mary Hearn, vocera de la Corte.
A partir del lunes 11 de marzo, el ADR, que ofrece el servicio de mediación en disputas por un valor de hasta 25,000 dólares tratando de resolverlas con acuerdos extrajudiciales, dejará de recibir las referencias de los juzgados civiles, familiares y testamentarios.
Del 1 al 30 de abril cerrarán sus oficinas en las cortes de Antelope Valley, Beverly Hills, Compton, El Monte, Inglewood, Long Beach, Norwalk y San Pedro. Para el 31 de mayo ya se habrán cancelado las de Chatsworth, Glendale, Pasadena, Pomona, Santa Mónica, Torrance y Van Nuys, así como los programas de acuerdos legales familiares del tribunal Stanley Mosk del centro de Los Ángeles.
“La Corte no debería continuar con ningún cierre o cambio en casos asignados hasta mostrar un plan actualizado al público con detalles de los ahorros”, expresó David Sapp, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Con estos tijeretazos, el sistema judicial angelino calcula perder unos 237 trabajadores, que se suman a los 1,000 despidos que se han efectuado en los últimos seis años. En consecuencia, la espera en los asuntos de tráfico se ha triplicado de tres a nueve meses, hay filas más largas para pagar multas y se deben recorrer distancias más grandes para llegar a cortes que ofrecen servicios específicos.
Una coalición liderada por el Local 721 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) reclama que los recortes en los juzgados se tramaron en secreto y advierte que cuando entren en efecto las familias de bajos ingresos sufrirían además por cobros injustos, decomisos de coches, puntos negativos en sus licencias de manejo e incluso órdenes de arresto.
“Estos cierres serán devastadores para todos”, advirtió Anella Sims, secretaria del Tribunal Superior de Los Ángeles. “Los jueces deberían revertir su decisión y mantener abiertas las cortes”, agregó.
Más de 70 organizaciones integran el grupo que se opone al adelgazamiento fiscal en los juzgados. Para el jueves 14 de marzo planean un mitin frente al tribunal Stanley Mosk.
