En vigor nueva Ley de amparo
Se centra en el ser humano, en su dignidad y en los derechos inherentes
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, mientras suscribía ayer una nueva Ley de Amparo, en el Palacio Nacional. Esta ley intenta poner en atención al 'ser humano'. Crédito: EFE
MÉXICO, D. F. (EFE). El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó ayer una nueva Ley de Amparo que tiene como objetivo hacer más accesible y expedito este instrumento jurídico cuyos orígenes se remontan a 1841.
En un acto realizado en Palacio Nacional, Peña Nieto destacó que la nueva ley moderniza y pone a la vanguardia una de las figuras jurídicas más prestigiadas de México al poner en el centro de la atención al “ser humano, su dignidad y los derechos que le son inherentes”.
La norma, aprobada el 20 de marzo por el Congreso, protege a los ciudadanos de normas generales, actos u omisiones de la autoridad y particulares que violen los derechos humanos consagrados en la Constitución, así como en los tratados internacionales suscritos por México.
Una de las particularidades de la ley, que tardó dos años en concretarse, es que los ciudadanos podrán presentar un recurso de amparo de manera individual o colectiva cuando haya un agravio o se lesionen sus garantías en cuanto a derechos sociales o ambientales.
Un ciudadano puede interponer un juicio de amparo aunque no esté directamente involucrado en un litigio y tendrá carácter de “parte agraviada” quien tenga un interés legítimo, “ya no necesariamente jurídico”, en el caso de una violación de derechos humanos, explicó el mandatario.
El nuevo ordenamiento también fortalece las facultades de la Corte Suprema, ya que cuando considere una ley inconstitucional, su resolución tendrá efectos generales. “Con ello se tutelan los derechos de todas las personas, aun cuando no hayan interpuesto el juicio”, apuntó.
Además, restringe las circunstancias en que los concesionarios de los sectores de telecomunicaciones, energéticos y minas, entre otros, podrán obtener la suspensión de un acto de la autoridad si ésta considera que la concesión de ese beneficio afecta el interés nacional.
“El propósito es que no se otorguen suspensiones (de un acto de autoridad) que causen más perjuicios sociales que beneficios para el quejoso”, indicó en torno a uno de los puntos de la iniciativa que generó mayor controversia.
Esta medida busca poner fin a la utilización del recurso de amparo por parte de grandes empresas como una medida dilatoria de la aplicación de los actos de autoridad mientras se desarrolla el juicio.
Para asegurar el cumplimiento de las sentencias, la nueva ley prevé, en última instancia, que el Supremo separe de su cargo y consigne ante un juez “tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico, aun si ya no ejerce en el cargo, cuando incumple una sentencia”, comentó Peña Nieto.
El objetivo del nuevo ordenamiento, resumió, es que el juicio de amparo sea “más accesible para todas las personas, expedito y con mayor amplitud en sus efectos de protección”.
