¿Ahora terapistas?

SACRAMENTO.— Luego de haber purgado una pena por dos crímenes sexuales cometidos en Los Ángeles —uno contra una niña de 12 años y otro contra una de 15— J.M. se registró como terapista para tratar a personas con problemas de adicción al alcohol y a las drogas.

Un año más tarde fue condenado de nuevo, esta vez por cargos de posesión de drogas.

Por increíble que parezca, en California muchos ofensores sexuales han encontrado empleo como terapistas en el tratamiento de adicciones, tanto en centros residenciales de lujo como en localidades en las que se ofrecen servicios públicos subsidiados. Así lo revela el reporte Tratamiento dudoso: Falta de escrutinio estatal permite que ofensores sexuales no supervisados y terapistas faltos de ética atiendan a adictos, que dirigió la Oficina de Supervisión y Resultados del Senado Estatal. El documento evaluó el sistema encargado de vigilar a los 36,000 consejeros registrados o certificados por el estado.

El caso de J. M. ilustra algunas de las fallas del sistema encargado de vigilar a los 36,000 consejeros registrados o certificados para el tratamiento de abuso de sustancias. Se trata de un sistema público y privado que no investiga si los consejeros han cometido crímenes sexuales o tienen otras condenas. “El problema es que no existe una ley estatal que diga que se deban pedir los antecedentes penales a quienes aspiran ser consejeros o terapistas. Entonces, si no hay una legislación, nadie está autorizado para realizarlo”, dice John Hill, autor del estudio.

California es uno de los dos estados —entre los 15 de mayor tamaño— que no revisa los antecedentes criminales de los terapistas. La mayoría toma huellas dactilares a través de una computadora y pide a los solicitantes reportar historial; quienes no lo hacen enfrentan castigos.

Hill reconoció que por su propia cuenta algunos programas de rehabilitación de drogas y alcohol investigan el historial de los candidatos a convertirse en sus terapistas.

La Oficina de Evaluación del Senado identificó 23 ofensores sexuales registrados, la mayoría violadores y pederastas, registrados o certificados en los últimos ocho años como terapistas; pero los números son mucho más altos.

Hill dijo que no se trata de que un exconvicto no tenga derecho a rehabilitarse y convertirse en terapista. De hecho —comenta—, muchos exofensores son consejeros contra el alcoholismo. “Nosotros nos estamos refiriendo a aquellos con ofensas sexuales u otros crímenes serios”, expone.

Por ejemplo, una mujer de Santa Rosa con cuatro condenas por robo se hizo terapista y le robó a un cliente 55,000 dólares. Incluso la falta de revisión hace que muchos profesionales de la salud que han perdido sus licencias vayan a trabajar como consejeros.

Está también el caso de un doctor del condado de San Bernardino que recetaba medicamentos peligrosos por Internet a pacientes que no conocía y se involucró en mala conducta sexual con dos de sus pacientes.

Incluso los consejeros cuyas credenciales han sido revocadas pueden registrarse con otras organizaciones.

Por ejemplo, el estado le quitó a una terapista de Los Ángeles su credencial por vivir con un cliente. Un mes más tarde ella se registró con otra organización y continuó trabajando como terapista.

Hill dijo que para evitar caer en manos de un terapista con antecedentes graves de criminalidad, las familias o pacientes pueden pedir a los programas de rehabilitación a los que acuden que les muestren que la persona no tenga antecedentes criminales.

También pueden verificar en el Departamento de los Programas de Alcohol y Drogas que no les hayan suspendido las licencias.

David Peters, de la Asociación de Recursos para la Rehabilitación de las Adicciones (CAARS), que representa a 2,000 programas de tratamiento y entrena y certifica a terapistas en California, dijo que la mejor manera de acabar con estas fallas es que el estado requiera que se investiguen los antecedentes a quienes se registren y certifiquen.

“Tiene que verse caso por caso porque resulta también que unos de los mejores consejeros y terapistas contra las adicciones son quienes han sido adictos en el pasado. Si alguien pagó su deuda con la sociedad, no se le debe descalificar para ningún empleo, pero sí a aquellos que representan una amenaza pública como quienes estan en la lista de ofensores sexuales Megan”, expuso Peters.