Debatirán a quiénes legalizar
Esta semana el Senado decide sobre el estatus provisional de inmigrante
Trabajadores del campo esperan una reforma migratoria. Crédito: AP | AP
Cuando el Comité Judicial del Senado en Washington regrese hoy lunes a considerar el proyecto S 744 de reforma migratoria, el futuro camino al estatus legal y la ciudadanía de 11 millones de indocumentados y de sus familias es lo que estará en juego, con intentos de un puñado de senadores ultraconservadores para dejar fuera a la mayor cantidad posible de personas de ese “camino” a la legalidad.
El capítulo (Título) II del proyecto de ley que el comité comenzará a discutir hoy contiene los componentes de mayor efecto en la vida de los inmigrantes indocumentados y sus familias en EEUU: el estatus provisional de inmigrante o RPI que podrían solicitar millones de indocumentados y que significaría una posibilidad de vivir y trabajar y hasta viajar legalmente.
Diez años después obtendrían la residencia permanente si se cumplen ciertos requisitos y, tres años después, la posibilidad de ciudadanía.
Personas como Roger Tabora Martnez, hondureño deportado la semana pasada tras ser detenido por error por un guardia de tráfico en Springfield, Massachussets, dejando aquí desolados a su esposa Ivette, ciudadana y a su hijo de 15 años, podrían, en la versión actual de la ley, regresar al país y solicitar un perdón o “waiver” y luego iniciar el largo camino a la ciudadanía, comenzando con el estatus RPI.
“Este proyecto de ley tiene un camino muy arduo a la legalidad y a la ciudadanía y los indocumentados que lograran calificar, si al final se aprueba esto, podrían salirse del camino en cualquier momento por diversas razones”, dijo David Leopold, experto en ley migratoria y expresidente de AILA, la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración.
Senadores como Charles Grassley, de Iowa, John Cornyn, de Texas y Jeff Sessions, de Alabama han presentado enmiendas a las secciones de legalización que dificultarían ese camino y que excluiría a muchos indocumentados de los beneficios que ofrecen.
Grassley tiene una enmienda que extendería el efecto de leyes estatales como la de Arizona e impediría el acceso a la legalización por parte de indocumentados arrestados y convictos de delitos relacionados a su estatus legal. “Es injusto desde todo punto de visa. Los redactores de la ley S 744 dejaron fuera expresamente los delitos relacionados al estatus legal de los inmigrantes a la hora de considerarlos para excluir a las personas del acceso al estatus legal”, dijo Leopold.
Sessions, por su parte, tiene varias enmiendas que pretenden atacar otros aspectos de elegibilidad para la residencia permanente, después de 10 años de RPI. Por ejemplo, quiere requerir que un inmigrante tenga ingresos de más de 400% por encima del nivel de pobreza, el equivalente a casi 46,000 dólares anuales, para poder solicitar la residencia permanente.
“Yo creo que eso es injusto”, dijo María García, una vendedora ambulante de frutas que espera obtener su estatus legal cuando el Congreso apruebe la reforma. “Yo tengo diez años trabajando en este país y no llego ni de lejos a ganar eso. Espero que las cosas vayan mejor cuando tenga papeles, pero si quieren que uno sea rico para comprar la tarjeta verde mucha gente se va a quedar fuera”.
El segmento de la ley a considerarse esta semana también incluye el Dream Act para jóvenes indocumentados y el Programa de legalización para Trabajadores agrícolas actualmente indocumentados y las visas para futuros trabajadores del campo. También se discutirán cambios al sistema de inmigración legal y familiar.
Como en anteriores audiencias, familias inmigrantes de todo el país estarán presentes en el salón de audiencias del comité judicial, dijo Ricardo Ramírez, del Centro para el Cambio Comunitario, un grupo proinmigrante en Washington.
En anteriores audiencias, el grupo se ha hecho presente en la sala donde discuten los senadores, han rezado juntos a favor de la reforma y portado camisetas blancas con un letrero: “keep families together” (mantener unidas las familias).
“A menudo en las discusiones políticas se pierde el aspecto humano”, dijo Ramírez. “La idea es que nos miren a los ojos cuando estén hablando de nosotros”.
