Grupo del Senado controla debate migratorio

Washington, D.C. — Pese a todas las palabras halagadoras que oyó de sus correligionarios demócratas en la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, la senadora Mazie Hirono de Hawai nunca tuvo la oportunidad de conseguir que se aprobara su propuesta de instrumentar un cambio relativamente modesto al proyecto de reforma de las leyes de inmigración.

En cambio, la mano oculta del Grupo de los Ocho rechazó su intento de establecer una preferencia inmigratoria para los parientes cercanos de los ciudadanos en situación de privación extrema, la misma fuerza que ya ha descarrilado decenas de otras propuestas que amenazan con alterar las delicadas soluciones negociadas alcanzadas por los autores del proyecto.

El Grupo —integrado por los cuatro republicanos y cuatro demócratas que forjaron el plan— se ha mantenido notablemente bien compenetrado “teniendo en cuenta las circunstancias”, dijo un miembro de la Comisión que no forma parte del Grupo.

“Es un proyecto de ley muy complejo”, agregó el senador republicano Orrin Hatch.

La legislación que pasa ahora al Senado en pleno crea una vía de 13 años para que obtengan la ciudadanía los once millones y medio de inmigrantes que se calcula viven en Estados Unidos sin autorización, establece un nuevo programa para permitir el ingreso de trabajadores no especializados, y expande en gran medida el número de visas para los que son altamente especializados.

Establece también un esfuerzo costoso para asegurar las fronteras y reforma el sistema de control de la inmigración legal.

Debajo de la superficie yacen decenas de complicados trueques políticos para equilibrar los intereses de los miembros del Grupo y varios electorados que se han coordinado en favor del proyecto.

Uno de ellos fue establecer las normas precisas con el fin de asegurar que la frontera con México esté lo suficientemente segura como para permitir que otras disposiciones del proyecto entren en vigencia. Otra fue establecer los requisitos y derechos de quienes están sin permiso en el país para solicitar la condición de “inmigrante provisional registrado”.

Sólo cuatro de los ocho senadores —dos de cada partido político— están en la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero los asistentes de todos ellos se reunieron en privado anticipadamente para revisar unas 300 enmiendas propuestas. Algunos funcionarios dijeron que hubo pocos desacuerdos entre ellos acerca de cuáles enmiendas violaban el acuerdo básico bipartidista y que por lo tanto debían ser resistidas a toda costa.

Los legisladores mismos discutieron un pequeño número de enmiendas en reuniones en las oficinas de los senadores Chuck Schumer, demócrata, o John McCain, republicano.

Aunque la legislación sobre el fenómeno migratorio es prioritaria para el presidente Barack Obama, la Casa Blanca fue mantenida a distancia. Funcionarios del gobierno fueron consultados sobre la factibilidad de establecer rápidamente un sistema biométrico nacional para rastrear inmigrantes, por ejemplo, pero no fueron invitados a las reuniones.

Fue sólo por accidente que el público pudo enterarse del poderío del Grupo. En declaraciones ante un micrófono que evidentemente no creía que estuviese conectado, Schumer le preguntó a un asistente durante una votación: “¿Nuestros republicanos están al tanto de esto?”

De hecho, durante días, los dos miembros republicanos de la Comisión que integran el Grupo —los senadores Jeff Flake y Lindsey Graham— terminaron oponiéndose a cambios que de otro modo habrían apoyado, más a menudo que el caso de los dos demócratas, Schumer y Dick Durbin.

Entre esos cambios rechazados hubo varios intentos de otros republicanos por reforzar los requisitos de seguridad fronteriza antes de empezar el proceso de legalización o de otro modo hacer más difícil ese proceso.

Pero otras propuestas fueron reformadas para satisfacer los requisitos del Grupo de los Ocho, incluida una del senador Patrick Leahy y de John Cronyn, el primero el presidente demócrata de la Comisión, y el otro el segundo republicano en jerarquía en el Senado.

Ellos querían cambiar una cláusula que asignaba 1.500 millones de dólares para instalar “cercas adicionales en sectores fronterizos de alto riesgo”, y en cambio propusieron asignar el dinero a “cercas, infraestructura y tecnología”. Algunos funcionarios dijeron que eso iba contra los deseos del senador republicano Marco Rubio, miembro del Grupo de los Ocho, que consideraba prioritaria la construcción de la cerca.

Al final se alcanzó una solución negociada, con 1.000 millones de dólares exclusivamente para la cerca y 500 millones para ese propósito o para otra infraestructura o tecnología.

Además de Rubio, los miembros del Grupo que no están en la Comisión de Asuntos Jurídicos son McCain y los senadores demócratas Robert Menéndez y Michael Bennet.