California tiene deficiencias en centros para discapacitados

SACRAMENTO.— Un auditoría puso al descubierto que los centros para discapacitados del estado los ponen en riesgo, debido a problemas de personal, liderazgo, políticas obsoletas e investigaciones pobres sobre los crímenes e incidentes que se reportan.

Entre las deficiencias más importantes encontradas por la auditora del estado Elaine Howle se encontró que el personal no siempre provee avisos a tiempo de los incidentes a la Oficina de Protección de Servicios.

Tampoco siguen una rutina en las investigaciones de presunto abuso a los residentes y fallan en recolectar declaraciones por escrito de los testigos y sospechosos. Tampoco toman fotografías de las escenas o de las presuntas víctimas. No hay entrenamiento regular al personal que trabaja con los residentes.

Carecen de un programa de reclutamiento formal para atender la alta tasa de vacantes (de 43%), lo que hace que el personal trabaje excesivas horas extras, comprometiendo su seguridad y la de los residentes. Se encontró que 62 empleados trabajaron tantas horas extras que su salario por ese tiempo igualó o excedió su ingreso regular en un periodo de cinco años.

La auditoría señala que el Departamento de Servicios de Desarrollo necesita mejorar la supervisión de la seguridad de los residentes en los centros para discapacitados.

California tiene cuatro grandes centros para discapacitados, también conocidos como centros de desarrollo: Fairview en Costa Mesa, Lanterman en Pomona, Porterville en Tulare, Sonoma en Eldridge y el pequeño centro comunitario Canyon Springs en Cathedral Springs. Entre todos atienden a 1,500 residentes con algún tipo de discapacidad física o mental que requieren ayuda médica las 24 horas.

Entre las recomendaciones emitidas por la auditora destacan la necesidad de reportar los incidentes tan pronto como un residente experimente una lesión o esté en riesgo.

Deben haber políticas y procedimientos actualizados, entrenamientos anuales para el personal sobre todo en la elaboración efectiva de los reportes de investigación y la colección de evidencias. Y para minimizar la necesidad de tiempo extra deben contratar suficiente personal.

Terri Delgadillo, directora del Departamento de Servicios de Desarrollo dijo en una carta dirigida al subauditor estatal Doug Cordiner, que apoyan las recomendaciones de la auditora para fortalecer las áreas que aumenten las protecciones y reduzcan el riesgo a los residentes. “Muchas de las recomendaciones ya han sido implementadas o están en proceso”, señaló.

Leslie Morrison, directora de Disability Rights California, una organización no lucrativa que aboga por los derechos de las personas discapacitadas, dijo que aunque estaban conscientes de las deficiencias, lo que más le alarmaba era la calidad de las investigaciones, y que muy pocos casos hayan sido procesados bajo la ley sobre todo los que tienen que ver con el abuso sexual.

A fin de ayudar a corregir esta anomalía, dijo que están apoyando la medida SB651 de la senadora demócrata de Agoura Hills, Fran Pavley que establecería requisitos para hacer exámenes a las víctimas de abuso sexual en hospitales estatales y centros para discapacitados, y nuevas sanciones para quienes fallen en reportar estos incidentes a la policía.

La auditoría fue hecha a petición de varios legisladores.