Reaccionan a los cambios en parquímetros
Residentes de Chicago reaccionan a los más recientes cambios en la operación de parquímetros.
En el 2008, la Ciudad de Chicago renunció a todos los ingresos por estacionamiento por 75 años. Crédito: Carolina Cruz
Chicago.- Este mes los residentes comenzaron a sentir en sus bolsillos el precio de los más recientes cambios en el acuerdo entre la Ciudad y la compañía Chicago Parking Meters.
Los cambios aprobados por el concilio municipal en junio proporcionarán a la ciudad $20 millones en ahorros anuales durante el tiempo restante del contrato, que son 70 años, se informó.
Pero a cambio, se acordó extender las horas de los parquímetros de 9 p.m. a 10pm, y hasta la medianoche en River North, según la Ciudad.
Algo que no le pareció buena idea a personas como Kaitlyn Mcquaid, quien transita este vecindario.
“Me gustaba la idea de que si querías salir tarde en la noche no tenías que pagar después de las nueve, así que saber que ahora tenemos que pagar hasta la medianoche como que apesta”, dijo la joven de 25 años.
“[Quisiera que] volviera a la normalidad, como era antes de que pusieran los parquímetros. [El estacionamiento] era más accesible para nosotros”, opinó Marcelo Manguia, residente de Albany Park, quien ocasionalmente visita River North.
Los parquímetros que operan hasta las 6 p.m. no serán afectados y el estacionamiento será gratuito los domingos, excepto en el centro, informó la compañía.
En el 2008, el entonces alcalde de Chicago Richard M. Daley acordó con la compañía Chicago Parking Meters que la Ciudad renunciaría a todos los ingresos por estacionamiento por 75 años. A cambio, se le daría a la Ciudad $1.15 mil millones por adelantado, según reportes de prensa.
En aquel entonces el concilio tuvo sólo tres días para revisar el contrato; y la actual administración ha mencionado que el dinero obtenido ya se utilizó.
Con el fin de que este tipo de contratos no se vuelvan a hacer, el concejal Roderick Sawyer (D-6) introdujo la ordenanza Privatization Transparency and Accountability.
El propósito es asegurar que la privatización de servicios públicos sea posible, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se tome en consideración el costo a los contribuyentes.
La ordenanza pide que el departamento afectado por la privatización realice un estudio junto con el sindicato que representa a los empleados que serían desplazados.
El comité de presupuesto y operaciones gubernamentales tendría que hacer audiencias públicas donde se discutirían los detalles.
Además, antes de conceder cualquier contrato se tendría en cuenta el estudio de costo-efectividad. El contrato tendría que ser otorgado a través de un proceso de licitación publicitado.
La ordenanza está estancada en el comité de Reglas y Éticas del concilio desde noviembre de 2012.
“He estado recibiendo cada vez mayor nivel de apoyo de los que firmaron y de otros que no firmaron [la ordenanza] inicialmente”, comentó Sawyer.
“Estoy seguro de que una vez que podamos sacarla del comité, podremos hacer los ajustes necesarios y creo que va a pasar”, enfatizó el concejal.
Pero Emily Miller, directora de política de la Better Government Association, cree que no será tan fácil.
“Para que [esta ordenanza] pueda conseguir un voto tiene que salir de ese comité y el alcalde ha sido muy claro que no tiene ninguna intención de permitir eso”, mencionó Miller.
