Autorizan a combatir guerrilla
Paraguay modifica ley que permite a Cartes disponer de soldados sin consulta
El presidente Horacio Cartes consigue apoyo del Congreso para enviar soldados al departamento de San Pedro y combatir a los rebeldes. Crédito: AP
ASUNCION, Paraguay. El Senado paraguayo aprobó ayer una modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que autoriza al presidente Horacio Cartes a enviar soldados, mediante decreto y sin previo consentimiento del Congreso, para combatir a la guerrilla que opera en los norteños departamentos de San Pedro y Concepción.
La votación en la Cámara fue 29 a 11 y 5 ausencias.
El grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) mató el sábado pasado a cinco guardias de seguridad privada de una finca de San Pedro, a unos 370 kilómetros de Asunción. Además, lanzó bombas contra dos camionetas patrulleras e hirió a dos policías.
Medios de prensa locales indicaron que desde 1998 el EPP ha matado a 19 civiles y 11 policías en atentados en los departamentos de San Pedro y Concepción.
La ley fue modificada ligeramente el miércoles en la Cámara de Diputados, de 80 escaños, con una votación 37 a 33, para que fuerzas militares pudieran combatir sin necesidad de que el Congreso declare el Estado de Excepción, como establece la Constitución, durante 60 días.
El poder ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto con una reforma parcial de la ley, vigente desde 1999. Los diputados incluyeron en la ley que, una vez que el presidente de la República ordene por decreto la intervención militar, en un plazo de 48 horas tendrá que informar al Congreso.
El jueves, el debate en el Senado confrontó posiciones de los derechistas partidos Colorado (oficialista) y opositores Liberal y Unace contra los de la izquierda.
“Es necesario otorgarle al poder Ejecutivo la herramienta legal para combatir al grupo criminal que opera en el norte, porque si no lo hace de forma urgente podría extenderse, eventualmente, hasta la capital y otras ciudades”, argumentó el legislador Luis Castiglioni, del oficialista Partido Colorado, al que pertenece el mandatario Horacio Cartes.
Por su parte, Carlos Filizzola, del Frente Guasú, explicó que “no podemos darle al poder ejecutivo más poderes de lo que ya tiene sobre la base de la Constitución. Que el presidente de la república nos pida establecer el Estado de Excepción para la intervención militar y se lo daremos.”
En octubre de 2010 el Congreso aprobó la Ley de Estado de Excepción durante 60 días para que el entonces Gobierno de Fernando Lugo intentara capturar al EPP en la misma zona. Pero los esfuerzos de las Fuerzas Armadas y la Policía fueron infructuosos.
Adolfo Ferreiro, del izquierdista partido Avanza País, se preguntó: “¿Qué es el EPP para que se movilicen las fuerzas militares regulares? Con este pedido de modificación de ley, el poder Ejecutivo, según mi criterio, nos está diciendo que la Policía es un fracaso.”
“No hay una dimensión política en este pedido porque también otros nos dicen que el EPP lo integran 20 tipos locos apoyados por campesinos muertos de hambre. ¿Qué pasará cuando nos digan que existe terrorismo cibernético? ¿Se irán los militares a combatir contra los hackers? Los militares no pueden hacer un trabajo policial”, agregó Ferreiro.
En tanto, Miguel López del mismo signo político, propuso que “establezcamos un plazo de dos meses para hacer una nueva Ley de Seguridad Interna”, pero no recibió apoyo inmediato.
La organización no gubernamental Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, integrada por 34 organizaciones civiles, entregó a la AP un comunicado que expresa que “el proyecto de ley atenta contra la Constitución ya que rompe con el principio de equilibrio entre los poderes del Estado, al otorgar al poder Ejecutivo mayores facultades en perjuicio de los demás poderes del Estado”.
Añadió que “el proyecto permite que en la práctica el Ejecutivo instale un estado de excepción en forma permanente, sin límite de tiempo y sin control del poder Legislativo.”
El Servicio Paz y Justicia, en otro documento remitido a la AP, se quejó porque desde el final de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989) hubo 131 asesinatos de líderes campesinos que lucharon por la tierra propia sin que se movilizaran la justicia, policías y militares.
Por su parte, la agrupación Kuña Pyrendá (Plataforma mujer, en guaraní), de izquierda, expresó: “El uso de militares para operaciones de seguridad interna atenta contra las garantías constitucionales que amparan a la ciudadanía ante un posible abuso de poder por parte del Estado. La lógica militar es la eliminación de enemigos, no el resguardo del orden público”.
