Campesinos esperan tratos

EDITORES: Agrega declaraciones de policía sobre protesta en cruces de frontera con Venezuela. Edita

BOGOTA, Colombia.— El Gobierno aún no logra conjurar definitivamente el paro y mientras en algunos puntos del país llega a acuerdos con los manifestantes para que levanten los taponamientos, en otros lugares se suscitan choques entre manifestantes y la policía antimotines, en incidentes que el Gobierno considera que no son coincidencia, sino que son azuzados por sectores políticos tanto de izquierda como de derecha.

Voceros de los pequeños agricultores del centro del país aspiran a que antes del fin de semana se selle un acuerdo con el Gobierno de Juan Manuel Santos, que hace malabarismos para conseguir recursos adicionales por al menos mil millones de dólares y atender en 2014 las necesidades del sector agrario.

Un grupo de camioneros bloqueó ayer jueves una vieja carretera que comunica a Bogotá con Villavicencio —a unos 75 kilómetros al sureste de esta capital— con más de 70 camiones cargados de petróleo y en reclamo de que el Gobierno instale una mesa de diálogos con los manifestantes de la región, informó telefónicamente William González, uno de los voceros del grupo.

Al otro extremo del país, en el departamento de Norte de Santander, vecino con Venezuela, estuvieron cerrados temporalmente los dos cruces de frontera que hay en aquella región con el vecino país.

El coronel Carlos Rodríguez, comandante de la policía en la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander, dijo que esa protesta no fue de campesinos por lo menos un centenar de pobladores del lado colombiano y un número similar en territorio venezolano cerraron el cruce fronterizo quejándose por medidas de registro impuestas por la guardia venezolana para controlar el contrabando.

Los manifestantes venezolanos lanzaron piedras a los guardias, que también replicaron con algunas descargas de gas lacrimógeno. Rodríguez dijo que no hubo incidentes en el lado colombiano. Colombia y Venezuela comparten una frontera de unos 2,200 kilómetros de extensión y decenas de pasos fronterizos.

La protesta de los cultivadores, iniciada el 19 de agosto y a la que se sumaron otros sectores como los camioneros que transportan carga, no solo ha derrumbado la popularidad del mandatario, sino que además tiene a sus planificadores económicos en busca de fuentes de financiamiento para cubrir los diferentes compromisos adquiridos para 2014, año de elecciones presidenciales. Según una encuesta divulgada la víspera por la firma Gallup, la popularidad del mandatario, de 62 años, cayó de 48 % en junio a 21% en septiembre. Santos aún no dice oficialmente si buscará la reelección en mayo del 2014 y tampoco ha comentado la encuesta que entrevistó a 1,200 personas en cinco ciudades con un margen de error de tres puntos porcentuales.

Delegados del Gobierno y de los pequeños cultivadores de papa, cebolla y lecheros, del centro y sur del país, reunidos desde el 27 de agosto en la ciudad de Tunja, a unos 130 kilómetros al noreste de Bogotá, han conseguido acuerdos en algunos de los temas reclamados por los productores como aranceles temporales a la importación de leche en polvo, papa congelada y otros siete productos desde países de la comunidad andina y Mercosur.

Tales aranceles regirían por dos años, pero no se ha indicado cuánto sería el gravamen de importación, según un comunicado de la mesa negociadora divulgado el miércoles por la noche.

Puede haber un acuerdo final “entre hoy [ayer] y mañana [hoy], pero quedan los temas gruesos, como el tema del costo de los insumos [abonos y fertilizantes], el tema del financiamiento a los créditos y el tema del presupuesto” para el sector agrario en 2014, dijo en diálogo telefónico con The Associated Press desde Tunja César Pachón, vocero de los pequeños cultivadores de Boyacá, donde al menos la mitad de sus 1.2 millón de habitantes se dedican a la agricultura.

Los campesinos, dijo Pachón, calculan que se requiere de al menos 10 billones de pesos (unos 5,200 millones de dólares) para atender todos los reclamos —desde subsidios hasta créditos— de los productores de todo el país el año entrante. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que sus cálculos son de unos dos a tres billones de pesos adicionales (de unos 1,040 a 1,560 millones de dólares) a lo que ya está presupuestado para el próximo año, que es de 1.4 billones de pesos (unos 728 millones de dólares).

Cárdenas, en una entrevista con Caracol Radio, indicó que según la ley el Gobierno no puede incluir en el presupuesto nacional gastos que no tengan una clara fuente de financiamiento y que aún no definen de dónde saldrán los fondos para los compromisos con el sector agrario, que a lo largo de todo el año ha protagonizado distintos paros y protestas que alcanzaron su cénit la semana pasada, cuando una marcha estudiantil en apoyo a los cultivadores culminó en violentos disturbios en zonas del centro y sur de Bogotá.

Más temprano, la policía antimotines despejó un bloqueo en una carretera en el departamento de Cauca, al suroeste del país, en el que había unos tres mil manifestantes. En el choque con las autoridades, al menos cinco civiles resultaron levemente heridos, dijo en diálogo telefónico con la AP el gobernador de Cauca, Temístocles Ortega. Los manifestantes estaban apostados desde hace 12 días a lo largo de un kilómetro de la principal carretera que conduce de Popayán, capital del Cauca, a Pasto, en el vecino departamento de Nariño, añadió el gobernador.