Imponen un monitor a Joe Arpaio
Juez busca prevenir las prácticas de perfil racial del controversial Sheriff
El Sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio. Crédito: AP
PHOENIX, Arizona. Un juez federal estableció ayer fuertes restricciones a la Oficina del Aguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio, entre ellas la presencia de un observador independiente para prevenir prácticas de perfil racial por parte de sus policías.
En su decisión, el juez Murray Snow indicó que la oficina de Arpaio, célebre por sus operaciones contra inmigrantes, tiene un plazo de tres meses para contratar a un alguacil bilingüe que sirva como enlace entre la comunidad.
Adicionalmente deberá crear un consejo comunitario de seis miembros, que se reunirán por lo menos tres veces al año para garantizar un diálogo entre los líderes comunitarios y la oficina de Arpaio.
El juez Snow dictaminó el pasado mes de mayo que la oficina del Alguacil discriminó en contra de conductores hispanos, como parte de una demanda entablada en su contra por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Snow considera que un observador independiente es necesario para vigilar las operaciones de la oficina del alguacil y garantizar que las órdenes de la corte sean cumplidas.
Con respecto a los operativos que lleva a cabo la oficina en contra de inmigrantes, y donde participan voluntarios de esta agencia policíaca, el juez federal ordenó que la misma debe notificar al observador independiente y ACLU de sus planes en un plazo de 24 horas.
No obstante, se contemplan excepciones cuando la agencia policíaca considere que esto podría poner en peligro la operación, por lo que deberá notificar a la corte directamente.
Después de que se lleve a cabo el operativo, Arpaio tendrá un periodo de 30 días para realizar una reunión pública donde informará sobre el resultado y el propósito del mismo.
De acuerdo a la corte, la oficina estará en un período de prueba por tres años.
Tras conocer la decisión judicial, el director legal de ACLU, Dan Pochoda, dijo que “el juez Snow reconoce que la oficina de Arpaio tiene años de prácticas de perfil racial y políticas inconstitucionales que requieren de un cambio, lo que incluye nombrar un observador independiente, recopilar información y vídeo de cada detención”.
