Migrante víctima del crimen en México ruega ayuda
Legisladores mexicanos escucharon el testimonio de Rigoberto Sánchez, uno de los sobrevivientes a los horrores que sufren a diario migrantes centroamericanos
La legisladora Laida Sansores intentó ofrecer consuelo al hondureño Rigoberto Sánchez. Crédito: Suministrada
MÉXICO – El hondureño Rigoberto Sánchez se echó a llorar en la tribuna del Senado mexicano al recordar el momento en que dos delincuentes le prendieron fuego mientras dormía sobre el tren de carga en el que viajaba como polizón, a la altura de Gómez Palacio, en Durango (norte).
“Ahora tengo que andar en silla de ruedas“, dijo previo al colapso.
La legisladora Laida Sansores le dio una palmadita en la espalda. El hombre de 25 años, padre de tres niños, enjugó sus lágrimas y prosiguió el relato frente al vicecónsul de su país, defensores de derechos humanos, el comisionado de la ONU para los refugiados y funcionarios de migración en el auditorio.
Los agresores se ensañaron con él, concluyó. Lo arrojaron al piso con el ferrocarril en marcha y le provocaron quemaduras de tercer grado. Al azotar, la quemazón paró y se agudizó el ardor. “Tenía los pellejos colgando cuando por fin entendí lo que había pasado”, recapituló. “Sentía tanto dolor que quería quitar la carne viva de mi cuerpo y la jalaba”.
En medio de la desesperación, comenzó a caminar hasta que encontró un rancho para tomar agua. Ahí, tirado junto al pozo, lo encontró ese mismo día -el 7de julio pasado- el dueño del predio. Él llamó a los paramédicos del Hospital Central de Gómez Palacio para que lo atendieran.
Los enfermeros le inyectaron suero y analgésico para después trasladarlo a un hospital privado de San Luis Potosí, donde le hicieron 10 cirugías y adquirió una deuda de alrededor de $14,000 dólares que sigue sin saldar aunque firmó un pagaré.
“A veces no tengo dinero ni siquiera para mandar a mis hijos, que se quedaron en Honduras”, describió en el legislativo para reclamar la realidad de miles de centroamericanos que son víctimas del crimen en México. “Sólo tengo permiso de residencia humanitaria, pero no para trabajar”. A su esposa, que actualmente lo cuida en un albergue de caridad civil, el gobierno mexicano le negó la visa y hoy es otra indocumentada que busca justicia para su marido lejos de sus niños de uno, tres y cinco años.
“Vengo aquí para pedirles dinero, no estoy avergonzado, ¿cómo voy a trabajar con lo que me pasó?”, cuestionó Sánchez.
Todavía los pedazos de piel rescatados no cicatrizan bien y le faltan dos operaciones, una para que recupere la vista en el ojo derecho y otra para que vuelva a tener una vida sexual activa porque quedó atrofiado en sus partes íntimas.
La Ley de Víctimas contempla desde 2011 la compensación del daño para los agredidos en el país, pero la legislación es inoperante para los migrantes porque ni siquiera llegan a los tribunales y cuando llegan no obtienen justicia.
“Todos los días avientan del tren a los migrantes y no sabemos qué pasa con ellos: se los come la carroña del campo”, advirtió Martha Sánchez, fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, presente en la audiencia donde el hondureño clamó por ayuda. “Las autoridades deben limpiar de maleantes la ruta migratoria. El problema es que cada vez que lo pedimos, el Instituto Nacional de Migración hace más redadas”.
Pero más allá de la protección, Karina Arias, del Grupo civil de Trabajo sobre Política Migratoria, puso el dedo en la llaga sobre una vieja deuda regional: “Entre México y Centroamérica debe haber un acuerdo de supresión de visas para evitar más desgracias”.
El infortunio de Rigoberto Sánchez llegó a la Cámara Alta por una organización no gubernamental que lo tomó como muestra de la vulnerabilidad del indocumentado en México. Las autoridades se comprometieron a ayudarlo. Será uno entre miles.