Demandan por muerte de hondureño deportado por error
Familiares de Nelson Javier Ávila López demandan a ICE y al gobierno federal por la muerte del joven hondureño deportado por error
El hondureño deportado, Nelson Javier Ávila López, junto con una prima y su pequeña hermana en California. Crédito: Suministrada, mejor calidad posible
La madre de un joven hondureño que falleció en febrero de 2012 durante el pavoroso incendio de una prisión de su país, luego de ser erróneamente deportado de Estados Unidos, está demandando al gobierno federal y a los agentes de ICE involucrados en la deportación de Nelson Javier Ávila López, ocurrida en octubre de 2011, quince días después que un juez había suspendido la misma.
La demanda civil por daños y perjuicios fue presentada hace unos días en nombre de Ana López, la madre del joven, en la corte federal del distrito Central de California y reclama negligencia, muerte culposa y violaciones constitucionales relativas a la Quinta Enmienda (proceso debido) contra Ávila López, quien estaba a punto de cumplir 21 años al momento de su muerte.
El abogado Joe Huprich, de Pasadena, California, representó a Ávila López luego que los fallos de un anterior abogado enviaran al joven a un proceso de deportación, luego de pedir asilo en este país tras sufrir persecución y amenazas de muerte por la Mara Salvatrucha en una prisión de Honduras y por ser homosexual.
Huprich indicó que aunque la demanda no especifica una cantidad de dinero en compensación, un reclamo presentado previamente ante el gobierno federal menciona la cifra de 5 millones de dólares.
“La demanda alega tres motivos legales: que ICE fue negligente al deportarlo y que a raíz de eso, él y su madre sufrieron daños. El segundo es homicidio involuntario (wrongful death), alegamos que ICE causó su muerte en forma indirecta”, dijo Huprich en una entrevista. “El tercer motivo es una violación a sus derechos civiles porque no se le dio el seguimiento debido a su caso y a sus derechos constitucionales”, dijo.
La madre del joven, quien vive en Los Ángeles, declinó por medio de su abogado ofrecer una entrevista.
Virginia Kice, portavoz regional de la Oficina de Inmigración y Aduanas, dijo este jueves que la agencia “no comenta sobre litigación pendiente” El año pasado, cuando surgió la noticia del incendio y se reportó la deportación errada del joven, ICE había emitido un comunicado reconociendo el error e indicando que la deportación de Ávila López se debió probablemente a un error de comunicación entre ICE y el tribunal de inmigración.
Un comunicado de la oficina de ICE en Washington indicó que “ICE no recibió notificación electrónica de la acción de la corte hasta el 20 de octubre, el mismo día en que Avila López salió del país”. El comunicado añadió que unas semanas más tarde, en noviembre, un juez negó la solicitud de reabrir el caso.
El Departamento de Justicia, que controla las cortes de inmigración, dijo entonces que los documentos mandados sobre la suspención de la orden de deportación fueron enviados a tiempo a ICE. En la demanda, Huprich también alega que él habló directamente en al menos dos ocasiones con un agente de nombre García (no se proporciona su primer nombre), que era el encargado del caso de Ávila López y este le dijo que sería retirado de la lista de deportables.
Huprich explicó que el joven vino ilegalmente a Estados Unidos a los 17 años escapando de amenazas de la Mara Salvatrucha, luego que fue arrestado por violar toque de queda junto con un amigo, probablemente su pareja y a este lo mataron en la cárcel. La Mara entonces lo presionó para que se atribuyera la muerte y lo marcaron como pandillero ante las autoridades, agregan.
Según se explica en la demanda, los padres del joven vinieron a trabajar a Estados Unidos cuando él era pequeño y lo dejaron con una tía. Allá sufrió constante presión para que se uniera a pandillas.
Cuando llegó a EEUU, Ávila López pidió asilo pero no se presentó a audiencia y fue deportado en su ausencia. Luego fue arrestado y enviado al centro Miraloma en Lancaster. Huprich entonces comenzó a representarlo y pidió reabrir su caso y protegerlo de la deportación por las amenazas sufridas y por ser gay, lo cual puede acarrear la muerte en Honduras.
Un juez suspendió su deportación el 4 de Octubre de 2011 pero sin embargo fue deportado el 19 de Octubre a Honduras. Como estaba acusado de pandillero, las autoridades hondureñas lo arrestaron en el aeropuerto y lo enviaron a la cárcel de Comayagua a una sección de “mareros”. Cuatro meses después esa sección de la cárcel se incendió y el joven murió, junto a otros 356 detenidos.
