Un desafío para México

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La extradición es la forma más práctica y popular para sacar a Joaquín “El Chapo” Guzmán de circulación. Un sondeo de opinión indicó que siete de cada 10 mexicanos no creen que México puede garantizar su encierro, la mayoría pensó que lo mejor era enviarlo a Estados Unidos, como se hizo con otros capos de la droga.

La forma correcta es que México, como una sociedad democrática basada en sólidas instituciones, lo juzgue y lo castigue por el daño que Guzmán causó a los mexicanos con sus crímenes. El desafío de los poderes institucionales mexicanos es demostrar que las experiencias pasadas, que condujeron a la desconfianza popular, no son parte de ese “nuevo México” promovido por el presidente Enrique Peña Nieto.

El Gobierno de México es el responsable de que “El Chapo” permanezca encerrado, que sea procesado y condenado al mayor castigo que permita la ley. Al terminar su condena, que sea extraditado a Estados Unidos por los delitos de este lado de la frontera. No hay que perder de vista la gravedad de sus crímenes

El procesamiento legal de “El Chapo” ya está en curso. No habrá una extradición, al menos rápida, según la Procuraduría General de la República. La Administración de Peña Nieto parece estar apostando a que el mayor narcotraficante de México sea juzgado en su país. La captura y el proceso, por crimen organizado, pueda servir para demostrar que el Gobierno realmente es capaz de proveer la seguridad que demandan los mexicanos.

La desconfianza popular en cuanto a “El Chapo” supera la cuestión política, de que si el PRI, el PAN o el PRD es el más corrupto. Los mexicanos saben que la captura de Guzmán pone a prueba la fortaleza del sistema mexicano. De ese poder que va más allá del sexenio, del que perdura a distintos niveles de las instituciones en el que las cadenas se rompen por el eslabón más débil, ya sea un juez, un guardia o alguien más.