Cargo federal por ‘reingreso ilegal’ a EEUU es el más común

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza presenta más casos criminales a las fiscalías federales que el mismo FBI

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Cargo federal por ‘reingreso ilegal’ a EEUU es el más común
La persecución criminal de inmigrantes indocumentados surge a partir de una ley aprobada en el Congreso de EEUU en 1996.
Foto: Archivo

Alfredo Ramos, padre de dos hijos, ha vivido en Estados Unidos desde su adolescencia -24 años- y jamás cometió un delito, fuera de la falla civil de vivir aquí indocumentado, sin embargo ahora está encerrado en una cárcel de Pennsylvania acusado de reingreso ilegal a los Estados Unidos, un delito federal.

El cargo criminal que se le imputa a Ramos es precisamente el que más veces presenta cada año el gobierno federal de los Estados Unidos por encima de cualquier otro. De acuerdo a los records, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) refiere más casos criminales a los procuradores federales que los que procesa el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Ramos, residente de Mentor, Ohio, fue detenido por la policía en febrero pasado cuando viajaba como pasajero en un vehículo que fue detenido por las autoridades. No se sabe por qué le pidieron sus papeles, pero allí descubrieron que el hombre había sido deportado 15 años atrás, cuando su esposa, una ciudadana estadounidense, estaba embarazada de 9 meses. Entonces regresó de inmediato para estar con ella.

Por esa falta, ahora es un delincuente.

“He conocido a este hombre durante años”, dice Verónica Dahlberg, directora de una pequeña organización comunitaria, HOLA Ohio, que asiste a los inmigrantes y a sus familias en estos casos. “Ha sido miembro activo de nuestra organización, es inseparable de su hija de 12 años, Diona. Es un buen hombre, buen padre y trabajador.

Lo esposaron delante de su hija y se lo llevaron. Y luego le añadieron un delito federal a su record. No puedo creer que este gobierno tenga tanto dinero extra para perseguir en corte criminal a un inmigrante que no ha hecho nada más que estar aquí indocumentado”.

La persecución criminal de inmigrantes indocumentados, en particular aquellos que regresan al país después de una deportación aunque jamás hayan cometido delito alguno fuera de su estatus legal, es un efecto común de una ley que en 1996 fue aprobada por el Congreso federal en forma completamente bipartidista y con nutridos votos de ambos partidos. Bill Clinton, entonces presidente, la promulgó sin problemas.

Esa ley incluye esta y otras medidas y programas que han sido el motor del tremendo aumento en deportaciones y separación de familias que algunos le achacan al presidente Obama y otros a los republicanos.

El impacto de esa ley ha sido tan dañino para la comunidad inmigrante que hasta la líder demócrata Nancy Pelosi, quien votó por ella, dijo la semana pasada en Los Ángeles estar ahora en desacuerdo con la deportación de personas por “felonías” que tienen que ver con su presencia sin papeles en el país.

“Si es un malhechor no tengo problemas en que se le deporte, pero no me parece justo que se le expulse por un delito generado por su estatus migratorio”, señalo Pelosi.

La realidad es que el sistema político estadounidense en general es responsable, aunque el gobierno de Obama ha sido especialmente efectivo en perseguir a los inmigrantes con este tipo de cargos criminales.

“Esta maquinaria de deportaciones que han creado tiene tres componentes: la ley de 1996, los recursos inmensos que se han invertido y la tecnología que se está usando con cada vez más efectividad”, dijo Muzzafar Chishti, investigador del Instituto de Política Migratoria (MPI).

Los casos de “regreso ilegal” han aumentado en 76% durante su gobierno, el cual también está a punto de llegar a la cifra de 2 millones de deportados, la misma cantidad que George W. Bush deportó en ocho años completos y más personas de las que Estados Unidos formalmente expulsó en toda su historia, entre 1892 y 1996.

Según el abogado especialista en inmigración Carl Shusterman, la ley de 1996 y las medidas tomadas desde entonces se han convertido en una pesadilla para millones de familias inmigrantes honestas y trabajadoras.

“Son consecuencias horribles para personas buenas, se destruyen familias, se les trata como ganado”, dice Shusterman, quien antes de pasar a la práctica privada en Los Ángeles fue fiscal de la antigua agencia de inmigración conocida como INS (predecesora de ICE). “Personalmente no tengo ninguna simpatía por alguien que viene a este país y comete un delito, un robo, violencia doméstica, lo que sea. Pero cuando veo a familias inocentes pasando por esto, no puedo soportarlo”.