Contraste migratorio
El camino para mejorar la situación de los indocumentados en Estados Unidos presentó la semana pasada un marcado contraste que no debe ser ignorado, a pesar de la decepción que existe por los obstáculos para obtener este año una reforma migratoria.
Por un lado, la Casa Blanca reaccionó a la queja de la comunidad latina que, ante la ausencia de una reforma, pide con urgencia tomar algún tipo de acción para reducir la cantidad de deportaciones. La orden del presidente Barack Obama para que su Gobierno revise qué medidas internas o acciones ejecutivas puede tomar para hacer “más humano” este proceso debe ser bien recibida.
Por el otro, la Cámara de Representantes, que tiene detenida la reforma migratoria, votó en favor de la medida HR 4138, que le facilitaría a los legisladores llevar ante los tribunales al presidente cuando ellos consideren que el presidente no hace cumplir cabalmente las leyes. Esto es consecuencia de la percepción errónea de que Obama dirige una presidencia imperial que ignora al Poder Legislativo. En la práctica este proyecto, que por ahora no tiene ninguna posibilidad de ser promulgada, puede impedir renovar la deportación diferida (DACA) para los “soñadores”.
¡Qué contraste! Mientras Obama se reune con líderes latinos para ver las maneras de reducir las deportaciones, al mismo tiempo en el Congreso se afirma que el mandatario no respeta las leyes migratorias por no deportar más gente. Las palabras y las intenciones hacia los inmigrantes no pueden ser más diferentes.
Además, los argumentos detrás de la ley en la Cámara Baja son una cachetada a la verdad, porque Obama es el presidente que menos usó en los últimos 30 años las opciones que le da la ley para implementar legislación a su manera.
Hay una gran diferencia, en medio de la decepción del inmigrante, entre el que lo escucha y el que lo quiere echar del país. No se puede perder esa perspectiva.
La Cámara Baja con sus acciones ratifica el antagonismo que su mayoría tiene hacia todo indocumentado; ahora la Casa Blanca, también con sus acciones, debe confirmar la intención expresada de reducir las deportaciones.
