Alcemos nuestras voces
INMIGRACIÓN
El estadounidense promedio tiene la particularidad de conmoverse e indignarse antes las injusticias de las que tenemos conocimiento a diario a través de los medios de comunicación, especialmente si ocurren en tierras lejanas, lo cual nos permite agregar además nuestro propio juicio de valor de cómo se manejan las cosas en otras naciones. Sin embargo, cuando las injusticias se cometen en nuestro propio suelo, solemos ignorarlas o justificarlas.
Una de las grandes injusticias del siglo XXI es el brutal encarcelamiento de un alto porcentaje de estadounidenses por delitos de mínima cuantía, y el tema de la inmigración no autorizada no es ajena a esta realidad.
Una provisión poco conocida en materia migratoria es la obligatoriedad que tiene el Departamento de Seguridad Interna de mantener “ocupadas” al menos 34 mil camas en los centros de detención de inmigrantes o en las prisiones privadas que proveen este servicio al Gobierno. La norma en referencia fue parte de una enmienda introducida en el 2009 por el entonces senador demócrata Robert Byrd al presupuesto del Departamento de Seguridad Interna.
En mérito de esta ley, el Gobierno federal debe mantener una cuota diaria permanente de 34 mil inmigrantes no autorizados encarcelados, a un costo promedio de $120 diarios por detenido, so pena de ser sometido al escarnio legislativo si incumple la norma.
Atrás de esta disposición que se ha intentado derogar sin éxito un par de veces se encuentra unas cuantas corporaciones que se dedican al negocio de las prisiones privadas, y que invierten anualmente un promedio de 13 millones de dólares para cabildear en favor de su causa, especialmente en los círculos republicanos que son hoy por hoy los principales defensores de esta absurda regulación que permite el encarcelamiento de miles de inmigrantes no autorizados por violaciones migratorias y a pesar de no tener ningún antecedente criminal, por períodos que van de cuatro a seis meses. Las dos principales compañías que se benefician de este negocio son Correction Corps and Geo, cuyas acciones en Wall Street han subido como la espuma desde el 2010.
Desde el 2009, se ha intentado suspender este mandato y reemplazar el encarcelamiento de inmigrantes no autorizados de bajo perfil por medidas alternativas como los brazaletes de tobillo y programas de supervisión, pero los dos billones de dólares que desembolsa el Departamento de Seguridad Interna cada año es una suma demasiado alta como para permitir un cambio en la ley.
Sumado a la injusticia que representa el mantener encarcelados a seres humanos que no representan ningún peligro para la sociedad y el injustificado costo que este programa representa para los contribuyentes, se encuentra el hecho de que se ha documentado que en estas cárceles privadas se violan permanentemente los derechos humanos de los detenidos, y que las condiciones en las que muchas de ellos operan son infrahumanas.
Estos abusos y despilfarro de recursos deben de parar. Los ciudadanos debemos levantar nuestra voz y protestar, así como nos escandalizamos de los abusos que ocurren en otros países.
