Explotación gubernamental
La explotación de los indocumentados, hacerlos trabajar por poca paga, es una realidad en los centros de detención. Se los trata como si fueran presos comunes cuando en realidad no lo son. Son individuos que esperan la resolución de sus casos, algunos esperan por su asilo político y cerca de la mitad, según cifras oficiales, posiblemente obtengan la residencia legal.
Es irónico que el Gobierno federal considere ilegal la explotación laboral de los indocumentados, al mismo tiempo que tiene decenas de miles de trabajadores pagándoles 13 centavos la hora, en vez de tener contratistas externos pagando 7.25 dólares por hora, el salario mínimo federal. Esto es un ahorro para el Gobierno, y especialmente para la industria privada que maneja la inmensa mayoría de los 250 centros de detención para inmigrantes en todo el país.
Los detenidos son utilizados para hacer trabajos dentro del centro. Por ejemplo, hay casos que en la cocina se trabaja ya sea para los detenidos de ese centro o, como ocurre, preparando alimentos para presos comunes de otra prisión.
Las autoridades se limitan a decir que es legal lo que hacen y que la participación es voluntaria. Sin embargo, numerosos testimonios recogidos por The New York Times, indican que quienes no quieren trabajar son encerrados en confinamiento solitario. Este fue el motivo por la protesta y la huelga de hambre de abril en la centro de detención en Tacoma, Washington.
Es necesario aclarar que los indocumentados son detenidos civiles a la espera de una decisión, no son convictos de ningún tipo y no deben ser tratados como presos comunes. Mucho menos cuando el motivo es darle ganancia monetaria a los operadores privados de los centros.
Los indocumentados no son criminales convictos. El gobierno federal debería pensar más en esta importante diferencia y lo que significa, en vez de respaldar la explotación de estos inmigrantes por los operadores privados de los centros de detención.
