Iguala y San Fernando son lo mismo

Todo esto no hubiera sido posible sin la reconocida debilidad de las instituciones de seguridad pública mexicanas

El secuestro y asesinato de docenas de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, hace unos días, y el secuestro y asesinato de docenas de migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, hace cuatro años, son harina de un mismo costal. Es decir, resultado del mismo entramado de relaciones de complicidad, por compenetración, acomodo y por omisión, entre el poder político y el crimen organizado en México.

Entre quienes tratan de explicar este tipo de sucesos se ha convertido en lugar común considerarlos crímenes de estado y producto de la impunidad. Esto no es más que decir que el gobierno tiene la culpa y que, en México, el que la hace, casi nunca la paga. Ambos argumentos tienen algo de razón, pero resultan insuficientes. Claro que el estado tiene responsabilidad indirecta y a veces directa, para empezar porque es el garante de la seguridad pública y la integridad física de ciudadanos y extranjeros en México.

Pero el estado mexicano de principios del siglo XXI es claramente incapaz de cumplir este papel. ¿Por qué? En parte porque los procesos de democratización y descentralización política y la adopción de un modelo económico neoliberal fragmentaron el poder en México. En este contexto, el sistema político se volvió más competitivo, pero también reino de tribus y caciques locales y regionales, sátrapas y virreyes, de todos los signos partidistas.

La entrada en escena de los ascendentes carteles y del crimen organizado, en general, no pudo encontrar mejor caldo de cultivo. Supeditado anteriormente al poder político (con el que siempre tuvo relación), el crimen organizado ha logrado penetrar, colonizar, comprar, coaligarse y, cuando no hay de otra, someter a punta de balazos a las autoridades locales. Y aprovechando las circunstancias, estas organizaciones extendieron a negocios más allá del tráfico de drogas: el secuestro y la extorsión de migrantes centroamericanos y mexicanos, el secuestro y la extorsión de pequeños empresarios y ciudadanos de a pie, el comercio ilegal de materias primas y productos varios.

Todo esto no hubiera sido posible sin la reconocida debilidad de las instituciones de seguridad pública mexicanas, especialmente a nivel local, siempre buenas para extorsionar a migrantes que van o vienen y a todo hijo de vecino en el barrio, pero nada más allá de eso. Hace ya un par de décadas un colega hizo un estudio sobre la policía municipal de Guadalajara. La principal razón para hacerse policía no eran ni siquiera las pequeñas “mordidas” o extorsiones a las que los uniformados recurren para complementar el sueldo. El motivo era aprender a manejar un vehículo.

Las cosas cambiaron desde entonces, pero no tanto. El frente de batalla está conformado por personal mal pagado, mal capacitado y armado, desconectado de la ciudadanía y sus organizaciones. Y que bien puede ser conminado a voltear para otro lado mientras se abren fosas clandestinas para depositar cuerpos de migrantes o estudiantes normalistas, o de plano reclutado para participar activamente como “halcones” y matarifes. Es una verdad tan grande como un sol—y no se puede tapar con un dedo.