Una comisión de la verdad para México
Es hora de que el gobierno deje de vender a México por el mundo y mire adentro con la intención de sanarlo
En una serie de comentarios publicados en Facebook, un amigo activista y músico planteaba un dilema central de la gravísima crisis política por la que pasa México:¿cómo creer que el gobierno va a realizar una investigación confiable y transparente sobre la desaparición y asesinato de los normalistas en Iguala, cuando los crímenes que se intentan esclarecer fueron cometidos por representantes del estado? Es el viejo dilema de ser juez y parte. El problema empieza en Iguala, pero se extiende a las miles de muertes de la fallida guerra contra el narco y la guerra sucia contra los migrantes centroamericanos.
Le contesté a mi amigo con otra pregunta:¿se debe exigir, entonces, la creación de una comisión de la verdad para México? Para él, la respuesta es un rotundo sí. No es imposible, pero sí complicado. Establecer una comisión independiente para investigar los crímenes no es cosa menor. Como ya ha señalado Jorge Castañeda en repetidas ocasiones, la aprobación de las reformas económicas propuestas por el presidente Peña Nieto y aprobadas por las tres principales fuerzas políticas en el Congreso, tuvo como condición que no se investigaran las muertes y desapariciones ocurridas en el transcurso de la guerra contra el narco durante la administración anterior. Estoy de acuerdo con Castañeda quien señala que este tipo de amarres son típicos de la política: tú me apoyas hoy y yo no le rasco a lo que hiciste ayer.
Pero si bien esto es cierto, también es correcto señalar que, bajo ciertas circunstancias, estos amarres se vuelven insostenibles, sobre todo si los costos políticos que representan los vuelven inaceptables y amenazan no sólo la legitimidad del régimen sino la salud del tejido social. México vive hoy esa circunstancia, agudizada por la masacre de Iguala, pero fomentada por tantas otras que han ocurrido en los últimos años.
La pregunta es si una comisión de la verdad serviría como un instrumento—uno de muchos necesarios—para sanar lo hoy está infectado (podrido, dirían algunos): no dejar impunes las violaciones a derechos humanos de nacionales y extranjeros, llevar a la justicia a los victimarios y, por qué no, reconciliar a la sociedad mexicana.
¿Qué poderes tendría esta comisión? ¿Quiénes la formarían? ¿Estaría constituida sólo por mexicanos o sería una comisión internacional? ¿Cómo llamar a cuentas no solamente a los gobernantes implicados en violaciones a los derechos humanos, sino a líderes y miembros del crimen organizado, a quienes se han encargado de lavar su dinero en las instituciones bancarias? ¿Y qué hay de quienes mueven los hilos de la política y la economía más allá de las fronteras de México? Está claro que es más fácil lanzar las preguntas que contestarlas.
Es hora de que el gobierno deje de vender a México por el mundo y mire hacia adentro con la intención de sanarlo. La complicidad, negligencia y la incapacidad que permean al estado sugieren que no podrá hacerlo sólo. Quizá una comisión de la verdad ayude en esa tarea. Pero es la sociedad civil la que tendrá que empujarla