Cárceles de Los Ángeles mejorarán para reos discapacitados

El Departamento del Sheriff tendrá que realizar distintas mejoras en sus centros de detención para detenidos que utilizan sillas de ruedas y muletas

@Alvaradoisa

Los reclusos discapacitados en el condado de Los Ángeles se han anotado un triunfo con la aprobación preliminar de un acuerdo que requiere al Sheriff mejorar las condiciones y servicios de sus cárceles.

Concedido por un juez federal esta semana, dicho acuerdo inicial exige a la corporación realizar distintas mejoras en sus centros de detención para los internos que utilizan sillas de ruedas y muletas.

El anuncio se presenta seis años después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Legal por los Derechos de los Discapacitados (DRLC), el grupo Derechos de los Discapacitados de California y la firma Winston & Strawn, presentaran una demanda colectiva contra el Sheriff.

En ésta se alega que el Condado de Los Ángeles violó la ley al no proporcionar equipos y acceso básico a sus reclusos con problemas de movilidad. Algunos demandantes afirmaron que se ensuciaron porque los sanitarios no tenían acceso a sillas de ruedas o que cayeron porque no contaban con barras de apoyo.

“La demanda es innovadora porque amplía las protecciones de ADA [la Ley para Americanos con Discapacidades] en las cárceles”, señaló Kathryn Tucker, directora ejecutiva del DRLC.

El histórico acuerdo protege los derechos de los reclusos que tiene dificultad para caminar, asegura un acceso equitativo a programas educativos, requiere el funcionamiento de una sala de terapia física en la Cárcel Central de Varones, exige la construcción de viviendas accesibles en el Centro Correccional Torres Gemelas y crea procedimientos para registrar las quejas de los reos discapacitados.

“Esto es solo el comienzo”, dijo Jessica Price, abogada del ACLU. “El acuerdo ofrece a los demandantes un mecanismo de intervención de la corte por si hay violaciones a los términos del acuerdo”.

Por tres años la demanda estuvo en mediación. En octubre, la junta de supervisores del condado aprobó un acuerdo y con la aprobación preliminar del juez, éste ahora se hizo público.

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