Ayotzinapa, la masacre que desenmascaró al gobierno de EPN

“No entiendo por qué el escándalo: si matas a uno salen 100”. Pocos días después de la muerte de cuatro personas y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el pasado 15 de septiembre, un comerciante harto de la bajas ventas en su negocio en Iguala, el lugar donde ocurrieron los hechos, resumió así la historia del estado de Guerrero que llevó hasta la crisis actual.

Un compendio de masacres impunes en casi medio siglo a manos de policías, militares y pistoleros: En1960, 20 estudiantes que pedían la autonomía de la universidad estatal; en 1962, también en Iguala, siete manifestantes de la Asociación Cívica Guerrerense que protestaban contra el gobernador Raúl Caballero; en 1963, siete pescadores que apoyaron a partidos de oposición; en 1967, 20 campesinos en Acapulco y cinco padres en Ayoyac.

De ahí siguieron, 255 desapariciones del total nacional de 437 que documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la década de los 70; la masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca, en 1994, donde paramilitares ejecutaron a 17 campesinos, y las miles de muertes atribuidas al crimen organizado desde 2006.

La sociedad civil, harta de las constantes masacres e impunidad, arrancó movilizaciones con la exigencia de la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien finalmente dimitió tras una escalada de violencia en la que se quemaron las principales sedes de gobierno en Guerrero.

De ahí siguió el bloqueo de carreteras, la toma de garitas de peaje, varios intentos de quemar el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, así como diversos reclamos en foros internacionales encabezados por los padres que no cesan ni dudan en culpar al Estado de tolerar las condiciones para que ocurran hechos como los que se dieron en Ayotzinapa.

El 7 de noviembre, el procurador general de la República, Jesús Murillo, reportó en una conferencia de prensa que presuntos narcotraficantes confesaron haber asesinado a los estudiantes y posteriormente quemado los restos que ardieron durante horas en el basurero municipal Cocula, vecino de Iguala.

Días después, el foco se movió hacia este poblado, cuando la cadena de televisión France24 reveló el testimonio de una mujer cuya hija desapareció junto con otros estudiantes el pasado 17 de julio.

El gobierno desmintió los hechos, pero posteriormente hubo otros relatos de familiares de víctimas raptadas en esas fechas como parte de las constantes desapariciones masivas en redadas clandestinas de la delincuencia organizada desde 2012.

“La compleja situación de violencia en Guerrero que durante décadas ha estado muy por encima de tasa de homicidios nacional –entre 1979 y 2013 se ubicó 179% por arriba- se remonta hasta la Revolución que hizo un mal reparto agrario y se apoyó en caciques para mantener la paz en lugar de apostar por un Estado de derecho”, asegura José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Los caciques (gobernadores, alcaldes) recurrieron a todo tipo de métodos, legales e ilegales, para mantener el control –agrega- y, en respuesta, la población reprimida recurrió a las armas como grupos guerrilleros impulsados por ideologías comunistas que prevalecen hasta la fecha con variables mínimas.

En medio de este cóctel social, el narcotráfico se integró como un actor adicional de la violencia.

Durante los años 60, cuando la Operación Cóndor combatió en el triángulo donde convergen los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa el cultivo de amapola y las operaciones se trasladaron a Guerrero los índices de asesinatos eran mínimos, pero poco a poco crecieron en un escenario de impunidad.

“Ayotzinapa tiene un precedente y es un ejemplo perfecto de lo que se puede convertir el país si no se apuesta por el Estado de derecho en lugar de buscar mesías”, observa José Fernández Santillán analista de seguridad.

Fue un operativo “impecable”, dijo el procurador General de la República, Jesús Murillo. Tres meses de acecho, ni un solo tiro y un asalto a la intimidad del escondrijo que compartía con su tercera esposa, Emma Coronel, e hijas terminaron con la fuga de 13 años del capo más buscado del planeta, líder del cártel de Sinaloa: Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La aprehensión –ocurrida en febrero- ha sido la más importante del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Siguio la muerte “en enfrentamiento” de Enrique Plancarte, líder de los Caballeros Templarios, la organización que empujó la creación de grupos de autodefensas. Y las capturas de Fernando Sánchez, de los Arellano Felix; Juan Pablo Ledezma y Vicente Carrillo Fuentes, del cártel de Juárez y Héctor Beltrán Leyva por cuyas cabezas se ofrecía alrededor de 2.5 millones de dólares.

Aún siguen sueltos dos cabezas históricas de Sinaloa: Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza “El Azul”; los bandidos principales de los Templarios Servando Gómez “La Tuta” e Ignacio Rentería “El Cenizo”, inalcanzables a pesar del operativo especial de seguridad desplegado en Michoacán, su centro de operaciones.

También Maxiley Barahona “El 19”, terror de los migrantes en la región de Veracruz, Chiapas y Tabasco.

La administración del presidente Enrique Peña concretó en 2014 el logro histórico de impulsar los acuerdos políticos que permitieron la discusión y aprobación de 11 reformas de fondo en un tiempo récord de 20 meses, considerado un tiempo histórico que le valieron aplausos.

Entre las aprobaciones, la más polémica fue la Reforma Energética, a la que se opusieron vehementemente los partidos de izquierda por considerar que la participación de inversión privada atenta contra los intereses del Estado que acaparó por más de siete décadas el control de la extracción y producción de petróleo.

En septiembre, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), todavía encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas –hijo del histórico expropiador del petróleo, Lázaro Cárdenas- entregó en la Cámara de Diputados poco más de dos millones de firmas de ciudadanos que solicitan una consulta popular con miras a revertirla.

El resto de las reformas, algunas sumadas del 2013, son: Telecomunicaciones para más canales públicos; Competencia Económica (contra los monopolios); Financiera, para mayor recaudación; Hacendaria para sumar más negocios a la formalidad y Laboral, con énfasis en el empleo temporal Educativa, para examinar a los profesores.

El Código Nacional de Procedimientos Penales; Ley de Amparo contra los abusos de autoridades; la Política – Electoral que bloqueó el plebiscito y la consulta ciudadana y en materia de Transparencia.