Guatemala: libertad de prensa, impunidad y violencia

Dicen que a preguntas complicadas, respuestas simples: ¿Por qué asesinan periodistas en Guatemala? Porque pueden.

Guatemala no tiene la franquicia de la violencia contra periodistas. Ahí están México y Honduras, con docenas de casos de periodistas asesinados sin resolver. El 10 de marzo pasado, dos periodistas fueron asesinados, Federico López y Danilo Salazar, y un tercero, Marvin Túnchez, resultó herido en Mazatenango, Suchitepéquez, a 167 kilómetros al sureste de la capital guatemalteca. El 13 de marzo asesinaron a un tercero, Geovani Villatoro?también en Suchitepéquez. Tenía sólo 20 años de edad.

Obvio: estos casos reflejan la violencia en el país. Desde 2000 a 2015, van 27 asesinatos de periodistas en Guatemala. En 2013 hubo cuatro casos todavía impunes (uno también en Mazatenango), y con los de este año, el gobierno actual del presidente Otto Pérez Molina (2012-2016) suma siete periodistas asesinados—tres de ellos en la misma semana.

La tasa de homicidios bajó de 38 por cada 100 mil habitantes en 2011 a 34 en 2014. Sin embargo, la sangre fría de los asesinos demuestra que los cobija la impunidad.

Dos de los periodistas atacados en marzo estaban en el parque central, al medio día (¡!), cuando al menos un sicario les disparó (horas después fue capturado). Casi a la misma hora, cinco sujetos dispararon y lanzaron tres granadas en la entrada de la Sala de Emergencias de un hospital público en la capital guatemalteca. Intentaban asesinar a un pandillero detenido que fue llevado al lugar para un tratamiento médico. El pandillero resultó ileso, pero resultaron muertos un enfermero que salía de su turno y dos vendedoras de comida. Hubo 29 heridos. El mismo día un ataque armado a un autobús de transporte colectivo dejó dos heridos en el occidente del país, y vecinos en las afueras de la capital encontraron en la vía pública un cadáver desmembrado envuelto en plástico. Y esto es sólo en un día.

Los sicarios y matones a sueldo, los abusadores domésticos, y cualquier individu@ de vocación asesina, mata porque sabe que las probabilidades de ser capturad@ son mínimas o nulas. La reducción en la impunidad de un 98% en 2009 a un 72% en 2014 parece limitada al papel. En la calle, los cambios concretos son casi invisibles. Aún así, el Presidente de la República se resiste a extender el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por dos años más, aunque sólo le quedan nueve meses y medio en el puesto. ¿Acaso algo teme? Sólo él lo sabe.

El primer jefe de la CICIG, Carlos Castresana, tenía razón cuando decía que la comisión no debía ser una muleta permanente, sino un punto de partida para fortalecer la institucionalidad del país. El problema es que en siete años de la CICIG no hay visos de que Guatemala pueda avanzar sin andador. Cuando el nuevo comisionado Iván Velásquez anunció que la CICIG investigaría las mafias en las aduanas del país, y el financiamiento de las campañas políticas (a propósito de las elecciones presidenciales este año), Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti urgieron a la CICIG a cerrar sus investigaciones, y a dedicarse sólo a capacitar personal guatemalteco. Esto es impensable en un país donde siete de cada diez casos denunciados no llega a juicio, y que está entre el 30% de países percibidos como más corruptos.

Si algo explica voracidad entre los candidatos para llegar a cargos públicos, que son vistos como un botín, es la corrupción. No por nada ocurren atentados y el asesinato de candidatos (ya asesinaron a un precandidato a alcalde en la provincia el 2 de marzo). Por eso tampoco extraña que la desprotegida prensa de la provincia caiga víctima de represalias violentas cuando investiga el manejo de fondos públicos.

Danilo López investigaba un caso de lavado de dinero de una municipalidad, ya había recibido amenazas por investigar casos similares y fue el blanco del ataque del 10 de marzo (diez disparos), según la revista digital Plaza Pública. López recibía amenazas desde 2008.

En una visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a Guatemala, en 2014, Pérez Molina y Baldetti aseguraron que implementarían un programa de protección al periodista. Pero sus palabras se las llevó el viento. En una entrevista con CNN, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, repitió la mentira. Menos mal la SIP lo reconoce. A la luz de los hechos del 10 de marzo, Claudio Paolillo, responsable de libertad de prensa para la SIP, dijo que “las promesas de los responsables estatales de acabar con la impunidad… parecen cada vez más inútiles y, a esta altura, ….suenan hasta agraviantes”.

En 2013, López Bonilla hasta ofreció protección policial para los periodistas. Nunca cumplió.

Lo que no se termina de entender es que “cuando se calla a un periodista, se calla el derecho de saber (de los demás)” (frase conmemorativa por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, 3 de mayo). Si no lo dice el periodista, ¿quién más lo dirá? La defensa de la palabra es quizá la última frontera de la violencia y la impunidad. Después de eso, ¿queda algo?

Es aplaudible la exigencia de EE.UU. de que la CICIG continúe (entre otros requisitos) para beneficiar a Guatemala con una parte del millardo de dólares que la Casa Blanca pretende solicitar para la región, en el presupuesto de 2016. Esto, en el contexto de “La Alianza para la Prosperidad”, para reducir la migración indocumentada del triángulo norte centroamericano, vía mejoras socioeconómicas y de seguridad.

La violencia y la impunidad son un coctel peligroso, pero el silencio de la prensa lo hace volátil. Aquí no pierde sólo la prensa, pierden las víctimas de los corruptos y asesinos. Pierde el país entero.