Protestan por inacción municipal ante crisis de vivienda en San Francisco

La reciente propuesta del supervisor David Campos de un moratorio de 45 días a la construcción de departamentos de lujo reafirmó el carácter de emergencia de la crisis habitacional en San Francisco y la rapidez con que el rostro de históricos vecindarios está cambiando. El caso más dramático es el del Barrio de La Misión, en donde más de ocho mil latinos se han visto forzados a abandonar la ciudad en los años recientes, según un estudio reciente.

La situación ha unido a variadas organizaciones comunitarias y las protestas son casi diarias. El movimiento logró su punto más álgido cuando alrededor de mil personas ocuparon la Alcaldía el 8 de mayo para llevar el problema hasta las puertas del Alcalde y los supervisores.

Los manifestantes piden un inmediato alto a la construcción de departamentos de exorbitantes precios, argumentando que el resultado ha sido un aumento en los desalojos y la partida de miles de residentes. Desde 2010 el promedio anual de desalojos ha sido de alrededor de 800 y continúa aumentando.

Los sanfranciscanos exigen un reconocimiento de que la ciudad enfrenta una seria crisis habitacional que afecta duramente a los sectores más vulnerables, a los pobres y la clase media. Es urgente, dicen, que el presupuesto municipal destine $150 millones anuales para la construcción de vivienda asequible y se ayude a las cooperativas de dueños de casas y propiedades sin fines de lucro. Para detener el éxodo de latinos se necesitaría, dentro de los próximos cinco años, por lo menos tres mil viviendas sociales en La Misión.

Para aliviar la crisis, se ofrecieron ideas concretas para financiar la construcción de viviendas populares como la generación de fondos a través de impuestos a las corporaciones, fondos municipales para la vivienda, impuestos al arriendo de corto plazo y tarifas a los constructores. También se propuso crear un comité de La Misión que controle la construcción de viviendas de lujo y que desarrolle un plan decenal para extender y preservar la vivienda asequible.

Durante la protesta, las oficinas de los supervisores y del alcalde Ed Lee se encontraban cerradas, exceptuando las de los supervisores John Ávalos y David Campos, quienes se encontraban presentes en el evento. La actividad reunió a variados líderes del barrio y activistas latinos, algo que no sucede muy a menudo.

Frente a la puerta de la oficina del Alcalde, Roberto Hernandez, de la organización Our Mission: No Eviction, dijo que estaban pidiendo una reunión urgente con Lee porque “ya estamos hartos y cansados de que él no tome la responsabilidad de parar los desalojos. Hay más de 10 mil personas que han sacado del barrio, ocho mil son latinos. Por dos años y medio le hemos dicho que por favor pare esto y no ha hecho nada. Entonces ahora vinimos a su oficina para dejarle saber que no vamos a aguantar que nos sigan sacando y estamos demandando que él ponga dinero para construir tres mil nuevas viviendas para que toda la gente que han sacado pueda regresar a nuestro barrio”, dijo.

“Hemos estado presentes en innumerables reuniones públicas y foros comunitarios, hemos marchado muchas veces, nos hemos sentado en interminables audiencias y el problema (que se puede solucionar)  empeora y empeora. Las soluciones son obvias. Lo que hace falta es determinación política y el liderazgo de ustedes. Al Alcalde lo elegimos para solucionar problemas no para crearlos. ¡Ahora hemos dicho basta!”, rezó un panfleto repartido durante la protesta.

La crisis se ha agudizado en los últimos dos años, dijo el candidato a alcalde Francisco Herrera. “La gente está experimentando desalojos violentos… Los que estamos aquí ya no importamos. Hay planes para transformar La Misión de una forma que no beneficia a nuestra gente. Nuestra gente está diciendo el desarrollo es bueno pero para las familias que ya viven aquí, que han construido esta ciudad y que la han enriquecido”, dijo Herrera.

La situación de falta de vivienda asequible y desplazamientos en San Francisco se ha transformado en una emergencia. Según Erick Argüello, director de la organización Calle 24, “hay una urgencia de que la ciudad tiene que adoptar inmediatamente. Hay mucha gente que está perdiendo sus trabajos, sus casas. No sentimos que el Alcalde está haciendo lo suficiente con respecto a la crisis. Hay mucho dinero y el beneficio es para los constructores, no para la comunidad”. Los 45 días del moratorio “es muy corto, necesitamos más tiempo”, reclamó Argüello.

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Urge más vivienda asequible

Lo prioritario es la construcción de viviendas asequibles para “familias que ganen 50 mil dólares para abajo”, dijo Fernando Martí, del Council of Community Housing Organizations. “Nadie, excepto unas pocas organizaciones construye viviendas de ese tipo. Es un problema gravísimo, un estado de emergencia. (Solo) el 7% de los residentes tienen suficientes ingresos parta poder comprar o arrendar las nuevas viviendas. Entonces hablamos con los dueños de restaurantes: todos sus trabajadores viven en Pinole, en Hércules. Tienen que añadir una, dos horas de ir y venir. Así no puede funcionar una ciudad. El Alcalde debería de saberlo,” añadió Martí.

Una ciudad que no funciona

Para Lariza Dugan-Cuadra, directora del Centro de Recursos Centroamericanos, una ciudad que no es para todos no funciona. “Es solo para los ricos. Los más pobres son los más expuestos, los más vulnerables. Si son indocumentados no tienen una historia de crédito y no tienen un salario de $75 mil dólares. Sabemos que es mucho más que eso (lo necesario) para alquilar una casa decente. Una ciudad que fue de clase obrera, donde los inmigrantes podían venir, trabajar y contribuir a la ciudad y vivir decentemente, esos días se han acabado. La estrategia antipobreza ha sido desalojar a los pobres y no crear posibilidades de un estándar de vida para todos, donde todos los niños tengan derecho a un techo con dignidad”, concluyó Dugan-Cuadra.

Los hispanos se van

De 2000 a la fecha La Misión ha perdido 8,000 hispanos. Los latinos eran en aquel año la mitad de la población de ese barrio y hoy son menos del 40%, según un estudio del Council of Community Housing Organizations