Editorial: Iguala: ¿Verdad o mentira histórica?

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A nueve meses de la matanza de 43 normalistas en Iguala, la “verdad histórica” de lo ocurrido todavía está lejos de conocerse a pesar de la afirmación de la Procuraduría General de la República (PGR). Lo que está quedando en claro es la falta de disponibilidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a colaborar para primero determinar realmente lo sucedido esa trágica noche y luego castigar a todos los involucrados en el hecho.

La masacre golpeó duro al gobierno que desde el primer momento se vio desbordado por las reacciones a la desaparición de los estudiantes en medio de una confusa narrativa que involucra a las autoridades municipales, el narcotráfico, la policía y el Ejército. La investigación de la PGR después de decenas de detenidos, de los cuales muchos fueron torturados, señaló que los estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a sicarios del narco que los mataron, quemaron sus restos y los arrojaron en un río.

Esta narrativa creó más dudas de las que resolvió por eso el gobierno buscó credibilidad en el exterior. Primero llegaron los peritos argentinos, quienes llegaron con buenas recomendaciones hasta que se negaron a ser llevados de la mano por la PGR en su pesquisa. El final fue la acusación a la PGR de querer confirmar una narrativa obtenida en interrogatorios en vez de dejar que las pistas dirijan la investigación. La PGR los acusó de meterse en temas que desconocen.

Ante la negativa de los argentinos de ratificar la versión de la PGR, alguien supuso que con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de Estados Americanos se correría mejor suerte. No es así. El Grupo, que está en la mitad de su gestión de seis meses, está frustrado por la falta de respaldo de la PGR en su solicitudes, especialmente por no poder entrevistar a elementos del 27 Batallón Militar, al tiempo que ya está marcando diferencias con la narrativa de la “verdad histórica” de la PGR.

Este proceso es hasta ahora un fracaso si la idea era obtener una segunda opinión independiente que confirme la versión de la PGR. Esto es otro ejemplo del mal cálculo de Los Pinos desde el principio de la matanza y de la urgencia de resolver este crimen para sacarlo de la agenda pública en vez de buscar justicia. Los mexicanos y los familiares de las normalistas merecen la verdad.