AI: No sabríamos de tantas fosas en México sin la persistencia de los padres de los 43

Las noticias sobre el descubrimiento de fosas comunes en México durante la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, ponen de manifiesto la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en el país, afirmó hoy Amnistía Internacional (AI).
“Esta espeluznante revelación confirma lo que ya habíamos descubierto: la enorme crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y el resto de México es realmente alarmante,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de AI, citada en un comunicado de la organización.
Sostuvo que “si no fuera por la determinación y persistencia de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, así como de las personas defensoras y periodistas en exigir a las autoridades mexicanas una respuesta integral a la desaparición forzada de estos jóvenes, probablemente nunca hubiéramos sabido de las fosas comunes y las dimensiones de la crisis”.
“Falta mucho por hacer para descubrir y hacer pública la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes que fueron sujetos de desaparición forzada en septiembre del año pasado, y de todas las desapariciones sin resolver en México”, expuso Guevara-Rosas.
Estas acciones deben incluir la creación de una base de datos de ADN de personas desaparecidas, así como un registro oficial de las desapariciones, acotó.
Amnistía señaló que a raíz de una petición de información que hizo la agencia estadounidense Associated Press, la Procuraduría General de la República (PGR) ha admitido que desde octubre de 2014 se han hallado 60 fosas comunes con los restos de al menos 129 personas en el sur del estado de Guerrero.
Ninguno de los cuerpos, que incluyen 20 mujeres y 109 hombres, pertenecía a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el municipio de Iguala, Guerrero, en septiembre pasado, explicó.
Asimismo, agregó, medios de comunicación locales también informaron sobre otras fosas comunes que han sido encontradas en otros estados.
De acuerdo con AI, los 43 estudiantes son una muestra emblemática de una larga lista de personas desaparecidas en México, donde según cifras oficiales más de 25 mil 700 personas han desaparecido en los últimos años, casi la mitad durante la actual Administración del presidente Enrique Peña Nieto, iniciada en diciembre de 2012.
El pasado 23 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) presentó el informe “Estado de la Investigación del ‘Caso Iguala’”, donde se detalló que la investigación hecha por la PGR “está incompleta”, por lo que el organismo dirigió a la dependencia 32 observaciones y propuestas, entre las que destacó, que se realice una recaudación de declaraciones, así como la ampliación de otras, de algunos elementos militares destacamentados en Iguala y Cocula.
A finales de enero de este año, el entonces Procurador Jesús Murillo Karam anunció lo que denominó la “verdad histórica de los hechos” de Iguala, Guerrero, ocurridos en septiembre de 2014 y concluyó: “los normalistas están muertos; fueron calcinados”.
Ayer, Felipe de la Cruz Sandoval, vocero del movimiento y familiar de uno de los normalistas explicó que no pueden creer que el Estado haya intentado cerrar el caso cuando no hubo una investigación exhaustiva que incluyera las declaraciones de los militares del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala,– señalados por los padres de familia como culpables–, ni de otros involucrados, así como no abrir a los forenses argentinos las puertas del cuartel militar, punto que marcó el GPS del celular de uno de los muchachos.
“Su verdad histórica se convirtió en la mentira histórica del país”, dijo De la Cruz mientras los contingentes se abrieron camino por Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, durante la marcha del domingo. A 10 meses, los padres y madres de los normalistas sostienen que sus hijos están vivos y pidieron a las autoridades federales reanudar los operativos de búsqueda, así como hacer nuevamente la investigación pero ahora de forma seria y rigurosa.
“Queremos que nos den respuestas serias y gente responsable al frente de este país y exigimos a las organizaciones de derechos humanos que demuestren hasta dónde pueden verdaderamente hacer por nuestros hijos”, expresó uno de padres.