Un policía y otros 1,142 desaparecidos en Tijuana
Artemio Duarte se volvió carpintero sólo porque no podía volver a ser policía de Tijuana, desapareció el pasado 11 de agosto
Violencia en México. Crédito: Getty
México.- Artemio Duarte se volvió carpintero sólo porque no podía volver a ser policía de Tijuana tras un escándalo que lo echó de su trabajo a los 57 años. Exigió volver a su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública local durante un lustro y hasta el pasado 11 de agosto cuando salió de casa camino al taller donde laboraba y no volvió más.
La familia cree que pudo ser gente de la misma policía local o el ejército quienes convirtieron a Duarte en el desaparecido número 1143 reconocido oficialmente en el estado de Baja California desde 2006, según información de la organización Unidos por los Desaparecidos en el estado obtenida a través de la Ley de Transparencia.
El ex policía había sido acusado en 2009 – junto con 25 colegas- de tener nexos con el crimen organizado; fue trasladado al batallón 28, donde supuestamente fue torturado ante los ojos de altos mandos y obligado a hacer confesiones irreales.
Dos años después fue liberado por falta de pruebas tras la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al salir de la cárcel, Duarte no tuvo otro pensamiento en la cabeza que volver al cargo como una especie de reivindicación. Lo solicitó directamente a la SSP sin éxito y el pasado 12 de agosto interpuso otra queja ante la CNDH porque presuntamente el actual titular de la policía local, Alejandro Lara “se negaba a restituirlo”.
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Este diario buscó la versión de Lara a través de Comunicación Social de la Secretaría, pero hasta el momento no hubo respuesta.
“El caso Duarte tiene todo el tufo de desaparición forzada”, observa en entrevista telefónica Fernando Oseguera presidente de la organización Unidos por los Desaparecidos en Baja California, una organización que se ha encargado de documentar y denunciar ante la procuraduría local 280 casos de desaparecidos.
El perfil de desaparición forzada (donde se involucra alguna autoridad del Estado) es el menos común entre los cientos de casos relacionados a secuestros con fines de lucro o ilícitos de diversa índole; sin embargo, las autoridades en Baja California no están exentas de acusaciones.
La organización que encabeza Oseguera documentó cinco de este tipo.
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“Lo peor de todo es que, cualquiera que sea el móvil, éste nunca se logra a esclarecer porque la justica en el estado es una burla, no existe: ni un caso nos ha resuelto”.
