Procurador: Empleada del Sheriff armó a supuesto asesino
La empleada del LASD es acusada de entregarle la pistola y cartucho a su amigo, supuesto asesino de Riverside
Este es el arma que una empleada civil del Sheriff compro ilegalmente, alega el procurador de Los Ángeles. Crédito: Suministrada | Fiscalía de Los Ángeles
Una empleada civil del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) compró ilegalmente una pistola con un cartucho de alta capacidad y se lo entregó a un amigo que presuntamente cometió un asesinato con ésta en el condado de Riverside, según una acusación de la Procuraduría de Los Ángeles.
La Fiscalía angelina anunció este martes que presentó múltiples cargos contra Amelia Suárez, quien trabajaba para el Sheriff como guardia de seguridad en el Colegio del Oeste de Los Ángeles, y contra el vendedor de armas que le entregó dos pistolas y seis cartuchos para 17 balas.
De acuerdo a la acusación, Suárez adquirió dos pistolas Smith & Wesson calibre 9 mm en octubre de 2014. La armería Botach Tactical, ubicada en el área de Leimert Park, le concedió la exención de poder comprar ambas armas en menos de 30 días, como si ella fuese un agente del orden.
“A principios de 2015, Suárez supuestamente transfirió una de las pistolas informalmente a su amigo, sin pasar por el procedimiento de registro adecuado ni la verificación necesaria de antecedentes penales”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
“Poco después el amigo supuestamente utilizó el arma de fuego, aún registrada bajo el nombre de Suárez, para cometer un homicidio”, agrega la dependencia.
Suárez ha sido acusada de venta de un cartucho de alta capacidad, de realizar una transacción de arma de fuego sin tener una licencia, de proporcionar información incorrecta a la Agencia federal de Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y de comprar más de un arma de fuego en un período de 30 días.
Si es encontrada culpable de estos cargos ella recibiría un castigo de hasta dos años y medio en una cárcel del condado y una multa de hasta 1,050 dólares.
El dueño de la armería, Barkochba Botach, es señalado de supuestamente vender cartuchos de alta capacidad y más de un arma de fuego a un civil en menos de 30 días. Estos cargos conllevarían a una pena de hasta un año y medio en una cárcel del condado y una multa de hasta 1,000 dólares.
“Nuestras leyes de armas pueden evitar tragedias, pero cuando esas leyes se eluden pueden haber graves consecuencias”, señaló el procurador angelino Mike Feuer. “Es importante que los vendedores de armas de fuego cumplan con las leyes diseñadas para proteger al público”, agregó.
La comparecencia de Suárez y Botach está prevista para el 15 de octubre en la Corte Superior del condado de Los Ángeles.
