San Quintín: frustración después de la huelga

Las negociaciones no son serias y salvo la afiliación al Seguro Social lo demás ha quedado en palabrerías

El agua está escaseando en Mexicali. Getty Images

El agua está escaseando en Mexicali. Getty Images Crédito: John Moore | Getty Images

MÉXICO.- Los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, están frustrados. Hace siete meses que se fueron a huelga y tomaron carreteras por la que algunos fueron encarcelados; otros, despedidos y los más regresaron a sus extenuantes horas de trabajo de campo.

Las negociaciones con los empresarios para tener mejores salarios y prestaciones y en las que tuvo que intervenir el gobierno “no son serias” –dicen- y, hasta ahora, salvo la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de 9,000 trabajadores (de un total de 11,000), sus demandas se han quedado en “palabrerías”.

“Todavía no vemos nada concreto”, dice Juventino Martínez, jornalero y vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de Baja California quien  denuncia el incumplimiento de la mayoría de los 13 acuerdos firmados que se firmaron de común acuerdo entre trabajadores y empresarios agrícolas para que éstos volvieran a trabajar.

Esto quiere decir que aún no hay mejorías en la vivienda de los jornaleros (en su mayoría migrantes del sur de México) que se trasladaron con todo y familia en busca de una casa digna, alimentación, seguridad y salarios justos y se encontraron con todo lo contrario: semana laboral sin días de descanso y salarios que no alcanzaron los 10 dólares sino hasta que se declararon de brazos caídos en marzo pasado y a regañadientes.

“Se había acordado que las empresas más grandes como ‘Santa Mónica’ iban a pagar 180 pesos al día (unos 11 dólares), las medianas 160 (9.5 USD)  y las pequeñas 150 (9 USD). Las empresas chicas ya están pagando los 150, pero las grandes son las que no quieren, por eso hay problemas”, afirma Martínez.

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A los bajos sueldos se agrega la insistencia de los empresarios de restar al ingreso de los campesinos las prestaciones médicas y otros gastos como guarderías en los centros de trabajo. “Lo peor de todo es que esto se está negociando sin transparencia”, advierte Lucila Hernández, del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales.

Hernández fue destituida como vocera de los jornaleros el pasado 10 de septiembre por exigir que las reuniones entre empresarios y los 13 representantes de los trabajadores fueran públicas.

Aún cuando quedó sin voz, no se arrepiente de la lucha. Al menos, dice, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), ha tenido un acercamiento con las mujeres a quienes anteriormente no se les garantizaba seguro médico si estaban embarazadas y se ha llamado la atención del problema aunque haya costado sudor y cárcel.

Detenidos

Trece indígenas entre los cuales se encontraban 10 oaxaqueños, detenidos arbitrariamente en Camalú, estuvieron en la prisión de Ensenada por estar “involucrados en el paro laboral” e incitar al bloqueo transpeninsular. Los jornaleros obtuvieron su libertad auxiliados por una intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que pagó alrededor de 4,000 dólares de fianza.

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