Tribunal Electoral de México anula comicios de Colima
Funcionarios del gobierno intervinieron en las elecciones del estado de Colima
Los mexicanos acudieron a las urnas para renovar cargos públicos. Crédito: Mario Guzmán | EFE
MÉXICO.- El Tribunal Electoral de México declaró la nulidad de la elección de gobernador del estado de Colima “después de acreditarse la violación a los principios rectores de equidad y neutralidad en la contienda, por la indebida intervención de funcionarios del Gobierno estatal”.
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso y a las autoridades estatales que, en el ámbito de sus facultades y a la brevedad posible, emitan la convocatoria para la celebración de comicios extraordinarios.
El TEPJF indicó este jueves en un boletín que se ha revocado el otorgamiento de la constancia de mayoría a José Ignacio Peralta Sánchez, postulado por la coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.
Los magistrados determinaron por mayoría que quedó demostrada “la indebida e ilegal intervención” en los comicios de Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social de Colima, y Marcos Santana Montes, titular de la Procuraduría General de Justicia de mismo estado.
El conservador Partido Acción Nacional (PAN) anunció el pasado 15 de junio que impugnaría los resultados de las elecciones a gobernador de Colima celebradas el 7 de junio, que dieron la victoria a Peralta.
El candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, quien según el recuento de votos perdió por una diferencia de 506 votos frente a su contrincante, denunció que en la entidad se ha vivido un “fraude”.
Este jueves, el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que la agrupación acatará el resolutivo del TEPJF y confió en que su abanderado volverá a ganar en la elección extraordinaria “porque Colima merece un candidato responsable”.
El 7 de junio los mexicanos acudieron a las urnas para renovar 2.016 cargos públicos, incluidos los 500 miembros de la Cámara de Diputados federal y los gobernadores de nueve estados del país.
