Walmart: Puerto Rico nos condena a pena de muerte
Propuesta de IVA costaría unos $5.8 millones adicionales, dice la empresa
Una de las sedes en la Isla del Encanto. Crédito: Suministrada
Representantes de la multinacional Walmart en Puerto Rico catalogaron este martes a la Ley 72, que transforma el sistema contributivo e impone un impuesto al valor agregado (IVA), como una supuesta condena de “pena de muerte” para su empresa, que estima tendría que pagar $5.8 millones en exceso de impuestos para el 2016.
Así lo planteó en su argumento inicial el abogado de la empresa, Neal Manne, en el primer día de juicio en el Tribunal Federal en el caso de Walmart Puerto Rico contra el secretario de Hacienda, Juan C. Zaragoza, al cuestionar la constitucionalidad de la ley del 2015.
“La Ley 72 impone la pena de muerte a Walmart en Puerto Rico por un crimen del que no hay evidencia que se cometió. La Constitución de Estados Unidos no lo permite y la corte federal tiene jurisdicción para detenerla”, señaló Manne.
Por su parte, una de las abogadas de Hacienda, Susan Seabrook, rechazó que la Ley 72 afecte a Walmart Puerto Rico y opinó que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción en este caso.
El primer testigo en la mañana fue el gerente de impuestos de Walmart Puerto Rico, Antonio Echevarría Villafañe, quien estimó que su empresa pagaría un supuesto exceso en impuestos de $5.8 millones en 2016 al proyectar que bajo la nueva ley la tasa contributiva sería de 114.2%, cuando en la demanda estimaban que era 91.5%. Alegó que los impuestos serían mayores a las ganancias.
A preguntas de la abogada Seabrook, Echevarría Villafañe aceptó que tienen atrasos en sus estados financieros y que los están revisando. Dijo además que en las planillas de 2011 y 2012, tuvieron un crédito.
El juicio presidido por el juez federal José A. Fusté continúa esta tarde.
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, se mantiene fuera de sala y se espera testifique próximamente, al igual que Zaragoza, que estuvo un rato en sala por la mañana.
El recurso de Walmart Puerto Rico contra el Departamento de Hacienda fue presentado en el Tribunal Federal el pasado 4 de diciembre y cuestiona la constitucionalidad de la Ley 72 de 2015. El demandante reclama que la corte ordene la paralización de dicho estatuto.
La parte demandante alega que la Ley 72 viola la cláusula de comercio interestatal, la de igual protección, así como la ley de relaciones federales. La tasa contributiva es estimada por la empresa en 91.5%. La empresa alega que esa tasa sería la más alta en cualquier sitio donde operan y, de mantenerse, sería “devastador” para la compañía.
Unos 15,000 empleos
Walmart Puerto Rico Inc. opera 55 tiendas en la Isla, incluyendo los Walmart Supercenters, Walmart, los Sam’s Club, Super Ahorros y Supermercados Amigo. La empresa dice que emplea a casi 15,000 personas y que, alegadamente, recauda casi $100 millones por concepto del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) anualmente.
