Revelan fallos en agencia que cuida miles de niños migrantes de Centroamérica

El reporte señala que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados no estaba preparada para atender a los menores no acompañados y, pese a ampliar su capacidad para hospedarlos, su labor de revisión de los casos no garantiza sus derechos

Centros detención migrantes indocumentados

Centros detención migrantes indocumentados Crédito: EFE/Archivo

La dependencia encargada de cuidar a miles de niños migrantes centroamericanos mientras un juez decide sus futuros en Estados Unidos, recibió una mala calificación por parte de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO).

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) pone en riesgo la seguridad de miles de niños provenientes del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), advierte el reporte.

Los menores llegaron a la frontera sur en busca de asilo y fueron detenidos por las autoridades federales cuando intentaban entrar indocumentados al país.

El reporte de la GAO señala que la ORR no estaba preparada para atender a los menores no acompañados y, pese a ampliar su capacidad para hospedarlos, su labor de revisión de los casos no garantiza sus derechos.

Añade que la documentación de muchos de los menores a cargo de la ORR, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés), estaba incompleta, “por lo que es difícil verificar que se les proporcionaran todos los servicios requeridos”.

La crisis no termina

Durante el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre del 2015) la Patrulla Fronteriza detuvo a 68,541 niños migrantes (principalmente originarios del Triángulo Norte) en la frontera entre Texas y México cuando intentaban ingresar al país indocumentados.

En el 2015 la cifra bajó en un 42% pero los 20,164 arrestos llevados a cabo en los primeros cuatro meses del año fiscal 2016 (del 1 de octubre de 2015 al 31 de enero de este año) inquietan a la Casa Blanca.

“La ORR revisó su programa de vigilancia sobre el terreno en 2014 para garantizar una mejor cobertura de los beneficiarios. Sin embargo, la ORR no fue capaz de completar todas las visitas que tenía previstas para los años fiscales 2014 y 2015, citando la falta de recursos”, precisa el reporte de la GAO.

“No realizaron un seguimiento de sus beneficiarios de manera consistente, y la ORR pudo no ser capaz de identificar las áreas donde el cuidado de los niños no se proporciona de acuerdo con sus políticas”, agregó.

Por qué el informe

El informe de la GAO fue solicitado en octubre por los senadores republicanos Chuck Grassley (Iowa), Orrin Hatch (Utah) y Tom Coburn (Oklahoma) con el objetivo de revisar las políticas de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados.

“Basándonos en los resultados de este informe, no es de extrañar que estemos escuchando que los niños han sido maltratados”, aseguró el lunes Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado.

“La Administración (del presidente Barack) Obama no está supervisando adecuadamente a los beneficiarios y a los patrocinadores en los que estamos confiando para otorgar servicios básicos a los niños no acompañados”, agregó Grassley.

Del total de niños detenidos en la frontera en el 2014, poco más del 95% fueron liberados y entregados a familiares en Estados Unidos con una orden para presentarse ante las autoridades de inmigración o ante una corte.

Sin apoyo legal

En enero el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por su sigla en inglés) de la Universidad Siracusa de Nueva York, reportó que las cortes de inmigración habían dictado 18,607 órdenes de deportación a niños y mujeres migrantes centroamericanos entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre del 2015. Y que el 86% de los casos no tuvo representación legal.

La ORR explica en su página de internet brinda a las nuevas poblaciones la oportunidad de “maximizar su potencial” en Estados Unidos, y que sus programas proporcionan a las personas necesitadas los “recursos críticos para ayudarles a convertirse en miembros integrales de la sociedad estadounidense, tales como dinero en efectivo, servicios sociales y asistencia médica”.

El reporte de la GAO también remarca la escasa capacidad de la ORR para comprobar el estado de los menores una vez han sido entregados a sus “cuidadores” dentro del país, aunque en el 90% de los casos se trata de familiares, que no tienen por qué tener un estatus legal dentro de Estados Unidos.

Informe del Senado

A finales de enero, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado publicó un informe centrado en casos en que los niños migrantes fueron víctimas de abuso por parte de quienes les acogieron.

El reporte incluyó un caso relacionado con varios adolescentes de Guatemala que estaban siendo víctimas de explotación infantil.

La GAO, teniendo en cuenta el informe del Senado, incluyó en su estudio varias recomendaciones:

Que el HHS desarrolle un proceso para actualizar periódicamente su plan de capacidad de actuación

Mejorar el seguimiento de la situación de los niños beneficiados por la agencia.

Desarrollar procesos para garantizar que sus actividades, después de ser entregados a quienes cuiden de ellos mientras son atendidos por las instancias judiciales, sean recogidas mediante un sistema de datos “fiables y útil”.

Redadas

En vísperas de la Navidad del 2015 se conoció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) elaborada un plan de redadas para arrestar y deportar a migrantes centroamericanos (principalmente niños y mujeres) que tienen orden de deportación.

Las operaciones se llevaron a cabo el primer fin de semana de enero en Carolina del Norte, Georgia y Texas, donde fueron arrestadas 121 personas.

Los arrestos han continuado desde entonces. ICE dijo a Univision Noticias que no comentaba operaciones en curso y citó la vigencia de sus prioridades de deportación vigente desde el 20 de noviembre de 2014.

La lista incluye a extranjeros indocumentados que han cometido crímenes y también a migrantes que ingresaron al país después del 1 de enero de 2014, no tienen causa de asilo y recibieron una orden final de deportación.

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