Juez delibera en México sobre “redadas” contra migrantes
Los agentes de migración detienen a
Centros detención migrantes indocumentados Crédito: EFE/Archivo
MÉXICO – Los hermanos Amy, Esther y Alberto Juárez, tres indígenas tzeltales del estado de Chiapas, se dirigían a trabajar como jornaleros agrícolas a Sonora cuando un operativo del Instituto Nacional de Migración (INM) los detuvo en Querétaro. Los agentes pidieron sus documentos y, tras deliberar a “ojo de buen cubero” que eran falsos, no los dejaron avanzar.
–¿Mexicanos? ¡Claro que no!: ustedes son de Guatemala- insistieron una y otra vez según testimonios de la familia.
Con el poco español que entendían, los Juárez defendieron su nacionalidad hasta que los policías se llevaron a Alberto a un cuarto solitario y ahí le exigieron que firmara unos documentos donde aceptaba ser centroamericano.
Firmó después de que golpearon una pierna y le dieron toques eléctricos en la mano tal y como documentó posteriormente un perito de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con base en el protocolo de Estambul.
Mientras torturaban a Alberto, dos jóvenes que originalmente acompañaban a los hermanos detenidos y que lograron escapar al operativo migratorio fueron a reportar los hechos ante la local de Derechos Humanos y el Instituto para las Mujeres en la Migración (INM) una organización civil mexicoamericana que retomó el caso e interpuso un recurso legal de amparo.
El próximo jueves, el juez tendrá la última audiencia y deberá deliberar sobre el caso que, si tiene un fallo a favor, sentaría un precedente para frenar los operativos migratorios que también afecta a mexicanos: entre el 28 de mayo y el 26 de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 15 casos de detenciones de mexicanos que fueron confundidos con centroamericanos.
“Estamos pidiendo al poder judicial que declare inconstitucional las detenciones en carreteras dentro del país, es decir, más allá de las fronteras”, destaca Gretchen Kuhner, directora de Imumi, en entrevista con este diario.
“Con los operativos del INM el Estado mexicano obliga a sus agentes a violar la ley porque no pueden pedir documentos una vez dentro del país de acuerdo con el artículo 97 de la Ley de Migración y nuestra abogada ha documentado que incluso se los confiscan IFE, actas de nacimiento”.
URGE UN PROTOCOLO
La CNDH solicitó a en enero pasado al comisionado del INM, Ardelio Vargas, un protocolo en el cual se hagan las detenciones sin discriminación (por el aspecto físico, principalmente) como ocurrió a los hermanos Juárez y uno de acompañantes que aparece en la recomendación 58/2015 como “V9” para proteger su identidad.
V9 estuvo a punto de ser deportado a Guatemala sino es porque Imumi y la CNDH solicitaron medidas cautelares para que se quedara en México y demostrara que, efectivamente era chiapaneco.
Los Juárez hicieron lo mismo: pidieron boletas de escuela, actas de nacimiento, constancia de estudio de los altos de Chiapas hasta que el INM les creyó y un mes después de la detención los dejó salir de la estación migratoria.
“Incluso el consulado de Guatemala en México había dicho que los muchachos eran de allá hasta que empezamos a presentar los documentos”, recuerda Kuhner.
El problema se agrava cuando la víctima tiene los papeles mínimos como V8, un veracruzano confundido con nicargüense cuya familia radica en Estados Unidos y no tenía a nadie más que abogara por él.
Este diario solicitó su versión al Instituto Nacional de Migración, pero en el despacho de Comunicación Social afirmaron que no tenían “ningún posicionamiento” al respecto, sin embargo, en los documentos administrativos para ingresar a un migrante a una estación del INM para su deportación consta que los 15 mexicanos fueron confundidos con extranjeros.
Aún así estuvieron detenidos hasta por 90 días como V1 una chica originaria de Guanajuato a quien le atribuyeron la nacionalidad hondureña cuando fue sorprendida con su esposo de origen salvadoreño.
