Gobierno aceptó al GIEI cuando las críticas por los 43 lo cercaron… luego, lo desacreditó

Crece la lista de los encuentros y desencuentros entre el grupo de expertos, el Gobierno federal y algunas organizaciones de la sociedad civil

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Gobierno aceptó al GIEI cuando las críticas por los 43 lo cercaron… luego, lo desacreditó
Esta semana los padres de los estudiantes desaparecidos se encadenaron durante 43 horas a la Secretaría de Gobernación.
Foto: Foto: Valentina López SinEmbargo

México – La llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) significó para el Gobierno mexicano un respiro ante las críticas a nivel nacional, pero también internacional por los resultados en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayoztinapa) desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Ante las demandas de los padres de los normalistas y el rechazo de la “verdad histórica” del ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam, el Gobierno de Enrique Peña Nieto aceptó que cinco expertos de la CIDH fueran coadyuvantes en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y se constituyeran como la esperanza para los familiares en la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido con sus hijos en Iguala.

Antes de su llegada, en marzo de 2015, Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), indicó que el grupo de expertos podría cambiar la “verdad histórica” del Gobierno federal en torno a los estudiantes.

La PGR anunció su verdad histórica –la supuesta quema de los estudiantes en el basurero de Cocula– y mostró su pretensión por cerrar y dar por esclarecido el caso. Pero la investigación se mantiene abierta de momento y, estamos a tiempo para que el grupo aporte e incida en la investigación”, dijo.

Los expertos firmaron un acuerdo en noviembre, después de la solicitud de medidas cautelares y asistencia técnica que realizaron los padres de los normalistas a la CIDH. El documento se firmó entre las dos partes y la PGR, en donde se estableció que los especialistas serían coadyuvantes de la investigación, por lo que pueden presentar denuncias penales si así lo deciden.

Sin embargo, la relación cordial entre el Gobierno y los expertos fue cambiando y subiendo de tono conforme pasaban los meses y el GIEI presentaba sus hallazgos anuales.

LA RUPTURA

El discurso del GIEI entre marzo y junio de 2015 invitaba a las autoridades a otorgarles las facilidades necesarias para hacer su trabajo, en donde uno de los principales problemas era la negativa del Gobierno mexicano a que los expertos se entrevistaran cara a cara con los miembros del 27 Batallón de Infantería con destacamento en Iguala.

Pero la ruptura entre el GIEI y el Gobierno mexicano se dio después del informe final de su primer periodo de mandato dentro del caso, en el cual los expertos, además de descalificar a la “verdad histórica” de la PGR, los especialistas pusieron sobre la mesa la existencia de un quinto autobús la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y la pérdida de evidencia relevante como grabaciones de cámaras de seguridad.

Luego de esas conclusiones el GIEI se volvió incómodo y se dieron una serie de descalificaciones de toda índole alrededor del trabajo de los expertos en México, hasta poner en duda el profesionalismo de los integrantes del GIEI.

Los padres de los normalistas desaparecidos reaccionaron y pidieron un respaldo público a la PGR y al Gobierno de Enrique Peña Nieto debido a la campaña de descrédito alrededor de los especialistas.

“Les pedimos a los detractores de los expertos que descalifiquen el informe, que para nosotros es muy profesional. No a ellos, que se enfoquen en el informe”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los normalistas.

Un mes después de que los expertos del GIEI dieran a conocer su informe, la CIDH realizó una “visita in loco” a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 para revisar la situación de los derechos humanos.

La conclusión de la CIDH fue que México padece una “grave crisis de derechos humanos”, a lo que el subsecretario de Derechos Humanos [de la Secretaría de Gobernación] Roberto Campa Cifrián, respondió inmediatamente denostando la investigación porque fue realizada sólo en cinco días y no podía generalizarse a todo el país.

En entrevista con SinEmbargo Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo en esa ocasión que el mensaje era “catastrófico”.

“Porque el escrutinio y monitoreo internacional es contundente y consecuente en el diagnóstico en términos de la crisis y gravedad que enfrentamos. Cuando un Gobierno federal concentra sus energías a disputar el diagnóstico, y no a cumplir las recomendaciones, en realidad el mensaje es catastrófico para quienes llevamos la agenda nacional en materia de derechos humanos. Lo que nos están diciendo es que no están dispuestos a construir agenda, porque disputan el diagnóstico, y que las medidas de cambio no están dispuestos a ponerlas sobre la mesa y a instrumentarlas. Por eso es que estos casos como Ayotzinapa son un punto de inflexión, de no retorno”, expresó.

En México tenemos dos problemas estructurales: uno de voluntad política y que se muestra muy claramente frente a este tipo de disputas ante mecanismos internaciones, y el otro es la incapacidad del Estado, es decir, aunque el Estado tuviese voluntad política, es incapaz y no puede: los 150 mil homicidios intencionales que reportó el Alto Comisionado, la pregunta es, ¿tenemos una capacidad institucional instalada para procesarlos? La respuesta es que no, por eso hay 98 por ciento de impunidad”, dijo.

LOS ATAQUES A LA CREDIBILIDAD DE LOS EXPERTOS

 

Isabel Miranda de Wallace fue uno de los personajes que cuestionó la labor del GIEI.
Isabel Miranda de Wallace fue uno de los personajes que cuestionó la labor del GIEI.

 

El domingo, después de la presentación del informe del GIEI, la Procuradora, Arely Gómez González, dijo que la PGR estudiaría la incorporación del informe en la averiguación sobre la desaparición de los normalistas y anunció que se realizaría un nuevo peritaje “a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del mas alto nivel”.

A finales de octubre de 2015, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que si el GIEI aseguraba que los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron quemados en el basurero del municipio de Cocula entonces debía decir dónde y cómo desaparecieron los estudiantes.

“Si ellos [los expertos de la CIDH] dicen que no sucedió ahí [en el basurero de Cocula], que nos digan dónde y cómo. No nada más señalar que no, sino también hacia dónde seguir con las investigaciones”, dijo el encargado de la política interna del país en entrevista en Radio Fórmula.

Luego de que el GIEI diera a conocer el informe de sus primeros seis meses de trabajo, activistas relacionados con el tema de secuestro, descalificaron el trabajo realizado por los especialistas.

Tal es el caso de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, quien realizó conferencias de prensa para asegurar que los expertos del GIEI, tenían un serio conflicto de interés y debían sacar las manos del caso.

De acuerdo con Miranda de Wallace, hay un conflicto de interés porque fue el secretario Ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, quien los eligió.

“El tema por el que yo pedí que los expertos dejaran el caso, fue no por los expertos, sino el manipuleo político que ha tenido Álvarez Icaza y lo sesgado que están siendo las opiniones y las investigaciones. Por eso hay reglas que marcan que no debe haber conflicto de interés. Él viola el derecho de abstenerse por ser connacional, no puede conocer de casos, otros mexicanos se han excusado por ser mexicanos. Emilio le está dando un uso político a su cargo”, dijo.

En entrevista con SinEmbargo, en octubre del año pasado, detalló su postura. Aseguró que no estaba a favor de la “versión histórica” de la PGR, pero que leía en el tratamiento de los expertos al caso, un trasfondo político.

Para ella buscan exculpar a un Gobierno: al de los perredistas José Luis Abarca Velázquez y Ángel Heladio Aguirre Rivero, Alcalde y Gobernador en turno cuando ocurrió la desaparición de los 43, para culpar al Gobierno federal.

“El secuestro incumbe al Gobierno estatal y dónde está Aguirre. Por qué no se le llama a cuentas, era el gobernante en turno y le dieron salvoconducto y enfilan todas sus pilas al gobierno federal”, indicó.
Álvarez Icaza, agregó, tiene un segundo conflicto de interés por su simpatía por el PRD, y porque fue ese partido quien lo propuso para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Un tercer conflicto, dijo, se da porque las fundaciones que llevan en caso de los normalistas, son fondeadas por la organización Open Society Foundations, que a su vez da recursos a varias organizaciones que Emilio fundó y dirigió.

“Que sean de verdad expertos independientes los que tomen el caso: que lo formen la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México) o de la ONU [Organización de las Naciones Unidas], que ahí sí tienen perritos de drogas y crimen”, propuso.

OTRO DESENCUENTRO

Después el ex coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue absuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Colombia, de los 30 años que debía pagar por el delito de desaparición forzada, acusó a la ex Fiscal Ángela María Buitrago, miembro del GIEI, de condenarlo injustamente, gracias a una actuación negligente.

La ex Fiscal colombiana forma parte del GIEI junto con Carlos Martín Beristaín; Francisco Cox Vial, quien trabajó en el caso de extradición del dictador Augusto Pinochet; la ex Fiscal de Guatemala, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia, ex consultor de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Buitrago ha sido una de las principales voceras de los hallazgos del GIEI en cada uno de los encuentros con la prensa mexicana y extranjera junto con Carlos Beristaín.

Ante la presión internacional, el Gobierno mexicano aceptó la permanencia del GIEI durante un segundo mandato de seis meses que concluye este 30 de abril.

Durante la investigación los expertos estuvieron solicitando entrevistarse con los militares que estuvieron en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

James Cavallaro, presidente de la CIDH, anunció hace unos días que el GIEI no puede seguir investigando la desaparición de los jóvenes ante la negativa del Gobierno mexicano. Pero anunció que seguirá el caso con un nuevo “mecanismo especial” hasta que se descubra la verdad.

“Lamentamos profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del grupo y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los desaparecidos”, dijo en una rueda de prensa en Washington.

Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del Grupo”, dijo.

Los expertos deben quedarse en el país porque aún no se han agotado todas las líneas de investigación, como la que dio a conocer el jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que involucra a policías municipales de Huitzuco y a policías federales.

De acuerdo con un testigo los estudiantes fueron llevados rumbo a Huitzuco en donde serían entregados a un presunto líder criminal llamado “El Patrón”.

El presidente de la CIDH precisó que el GIEI no ha terminado su trabajo en México, porque no ha encontrado la verdad, sin embargo destacó que el Grupo “ha contribuido y ha desmentido ‘la verdad histórica’”.

EL GOBIERNO YA NO QUIERE QUE SE INVESTIGUE MÁS

Rafael López Catarino, padre del normalista desaparecido Julio César López, dijo que la salida de los expertos del caso significa que el Gobierno mexicano “ya no quiere que se sigan descubriendo cosas, porque no investiga nada, al Gobierno le conviene que la gente ya no diga nada”.

“A nosotros nos gustaría que se quedaran, así van saliendo más cosas. Según hay otra ruta, la de Huitzuco, que desde un principio se supo, cuando los padres dieron la declaración, ahí está asentada en el expediente, que fueron unas patrullas de Huitzuco, hasta los números dimos, pero no se pusieron a investigar por ahí, hasta ahora. Nosotros queremos que los expertos se queden hasta que se aclare todo, no queremos que les pase a otros padres”, indicó.

López Catarino no descartó que “El Patrón” al que se refiere un testigo que proporcionó información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sea un político, porque “todo está revuelto”. Agregó que sin la ayuda del GIEI, los padres de los 43 desaparecidos se quedarán desamparados y hasta con temor.

“Si los sacan ellos, nos vamos a quedar desamparados. Nosotros estamos pensando que ellos se van y nosotros nos vamos a quedar sin ayuda, porque el Gobierno como es, puede hacernos daños a cualquier padre de familia”, dijo.

Clemente Rodríguez Moreno, padre del normalista Cristián Alfonso Rodríguez, lamentó que los expertos independientes hayan encontrado obstáculos para hacer su trabajo.

“Hay muchas conclusiones que los expertos no han definido, las líneas de investigación todavía quedan inconclusas. Hay muchas líneas que no se concluyeron, que deberían ir lo expertos a buscar, pero la PGR no los dejó trabajar como debería de ser, si los hubieran dejado trabajar, ellos hubieran terminado su trabajo. La PGR les colocaba una barrera porque se basa en una sola postura: que los quemaron en el basurero de Cocula y eso no es cierto, porque con pruebas los expertos demostraron que no están muertos, ni vivos. No sabemos a dónde se los llevaron y qué les hicieron. Sabemos que está inmiscuido el 27 Batallón”, explicó.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) se han pronunciado sobre la nueva línea de investigación que presentó la CNDH.

En un comunicado de prensa la organización dijo que la información difundida por la CNDH “sobre la posible participación de la policía municipal de Huitzuco y de dos agentes de la policía federal en la desaparición de los estudiantes normalistas fortalece una línea de investigación señalada por el GIEI hace 10 meses”, lo que significa que la investigación de la PGR no se ha realizado con la debida diligencia, “orientada a la determinación de la verdad y al acceso a la justicia”.

“La importante información dada a conocer por la CNDH muestra que la investigación debe seguir avanzando y que para ello es prudente que el Estado mexicano tome en cuenta, con seriedad, las aportaciones y recomendaciones del GIEI”, señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de la organización en México.