México simula consultar a indígenas en temas clave para su supervivencia

Pero en la realidad, el trato es muy distinto, una sistemática violación a su autonomía, denuncia la Comisión Nacional de Derechos Humanos

 Crédito: EFE

MÉXICO – Oficialmente el gobierno de México se muestra orgulloso de sus raíces indígenas, de sus rostros morenos y vestimentas de colores así como sus contribuciones al arte y la gastronomía como marca de país; extraoficialmente, el trato es muy distinto, una sistemática violación a su autonomía y libre albedrío según observa la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Este doble rostro tiene  en estos últimos años una actitud muy concreta y sistemática por parte de funcionarios públicos de todo tipo: la simulación de que se les pide opinión sobre proyectos de obra pública o inversión privada en sus tierras.

Pero no es así. O al menos no según marca los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (a través del convenio 169) que determinan que para que una consulta sea realmente efectiva, válida, tiene que ser previa al proyecto, de manera libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

“México está incumpliendo con la deuda que tiene con los pueblos indígenas”, advirtió Luis González durante la presentación pública de la recomendación general 27 sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

“No cuenta con marco jurídico que garantice de manera clara el proceso de consulta”, subrayó González.

Y el resultado es catastrófico: por lo que general estos pueblos indígenas terminan perjudicados, cuando deberían ser beneficiados.

Como muestra emblemática está el caso de 15,000 familias mayas al borde de la quiebra económica y social porque en 2009 el gobierno mexicano autorizó la siembra de miles de hectáreas de soya transgénica a la empresa estadounidense Monsanto que  contaminó la miel que los indígenas exportaban Europa donde hay tolerancia cero a los alimentos transgénicos.

“Ahora tenemos una lucha de vida o muerte entre un negocio y una cultura”, advirtió Leyy Pech, vocera de la comunidad maya perjudicada.

De acuerdo con  la CNDH, desde 2009, cuando se presentaron cuatro quejas de violación a la consulta, las inconformidades han ido en incremento y en lo que va de 2016 ya suman 18. En total: 43 inconformidades en siete años.

Algunas de ellas porque simplemente no se realiza o se intenta hacer ya que se dio la concesión (Monsanto); otras, porque la información sobre el proyecto no es claro o es impreciso u omiso; porque hay desiforación con campañas a favor de una de las partes o de plano intimidaciones.

En este último caso se encontró uno de los líderes de la tribu yaqui en Sonora, quien fue detenido por acusaciones de robo y sin orden de aprehensión por oponerse a la construcción del Acueducto Independencia que desvía 75 millones de litros de agua desde su territorio.

Nora Inés Aguilar, cuarta visitadora de la CNDH, precisó que la mayoría de estas violaciones derivadas de la falta de consulta a los pueblos indígenas podrían evitarse con leyes específicas a nivel federal y estatal.

Recomendó así al presidente Enrique Peña Nieto, al Senado y a los congresos federales y locales proponer iniciativas que generen legislaciones que regulen el procedimiento de consulta de acuerdo con el convenio 169 de la OIT.

Hasta ahora 25 entidades reconocen el derecho a la consulta, pero no dicen cómo hacerla; siete ni siquiera la contemplan y sólo dos tienen un procedimiento, aunque impreciso: San Luis Potosí y Durango.

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