Pago a braceros en manos de la Suprema Corte
Alrededor de 5,600 ex trabajadores mexicanos legales en Estados Unidos bajo el programa Bracero han peleado en tribunales que se les pague el dinero extraviado
Ventura Gutiérrez Méndez (2d), coordinador binacional de la Alianza de ex Braceros Braceroproa, revisa el pasado fin de semana en Mexicali. Crédito: Archivo | EFE
MÉXICO – Durante 18 años, alrededor de 5,600 ex trabajadores mexicanos legales en Estados Unidos bajo el programa Bracero han peleado en tribunales que se les pague el dinero extraviado procedente del descuento semanal que el gobierno americano retenía para entregarlo a un fondo ahorro administrado por su par mexicano entre 1942 y 1964.
De juzgado en juzgado, entre abogados y recursos legales, lograron en febrero pasado lo que consideran “un triunfo histórico”: la jueza segunda de Distrito en Materia Administrativa les concedió un amparo y ordenó al Ejecutivo Federal (en manos de Enrique Peña Nieto) resolver “favorablemente” respecto a la solicitud de pago del fondo de ahorro campesino.
En contra de la sentencia, la Presidencia interpuso un recurso de revisión que fue turnado a un tribunal colegiado, pero, a unos días de que éste resolviera, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) atrajo el caso sobr el que tendrá que resolver a más tardar el próximo 26 de octubre.
En conferencia de prensa, ex braceros de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Jalisco Nayarit, Zacatecas y Nuevo León así como de California, Arizona, Nevada, Texas y Washington, manifestaron su inquietud respecto a la resolución.
“La Suprema Corte está en una disyuntiva”, dijo Pablo Robles, vocero de los Braceros de Oaxaca. “Resolver a contentillo del presidente o hacer justicia de una vez por todas a estos trabajadores”.
El pago de la deuda retenida por los braceros comenzó a realizarse gradualmente durante la administración del presidente Vicente Fox (2000-2006) y continuó con Felipe Calderón siempre con problemas múltiples por la falta de documentos de los trabajadores: algunos ellos perdieron a lo largo de los años sus credenciales.
Así quedaron rezagados y comenzaron a surgir inconformidades con los líderes.
No fue hasta que arrancó el actual gobierno cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación dejó de considerar una partida para el programa por lo que se cancelaron los pagos.
