Leyes reducirían probabilidad de deportación a inmigrantes con delitos

Limpiar su record y reducir las penas de algún delito cometido en el pasado puede ser una forma de evitar  una futura deportación para muchos residentes permanentes e indocumentados y, en California, los inmigrantes tienen algunas leyes a su favor que les facilitarían esa tarea, dos de las cuales entrarán en vigor el próximo 1 de enero y una ya existe, pero fue prorrogada. 

Los expertos recomiendan a quienes estén en esta situación, poner manos a la obra y comenzar el proceso de consultar con un abogado criminalista y un abogado de inmigración, para aprovechar la posibilidad de reducir sus pasadas convicciones penales o eliminarlas de su record, si entra en alguna de las categorías cubiertas por estas leyes.

La razón para hacer esto es obvia: un ciudadano de Estados Unidos no puede ser deportado, pero un residente legal que haya cometido cierto tipo de delitos si puede ver su green card revocada.

Por otra parte, los inmigrantes indocumentados e incluso los residentes legales residentes en California que hayan cometido algún delito en el pasado son siempre más vulnerables a la deportación, particularmente si el próximo gobierno pone más recursos en perseguirlos, que es lo que ha prometido el presidente electo Donald Trump.

“El efecto combinado de estas leyes será el de ayudar a personas que cometieron errores en el pasado, pero ya pagaron sus penas con la ley y están en el buen camino, a que disminuya su probabilidad de deportación”, dijo Joseph Villela, director de política pública de la Coalición por los derechos humanos de Los Angeles, CHIRLA. 

Desde hace ya tiempo que las leyes federales han disminuido los derechos de los extranjeros con delitos, dijo Villela. “De hecho, los inmigrantes son castigados dos veces, primero cumplen su condena y luego, si no los deportan de inmediato, pueden pasar 20 años y ser arrestados por alguna razon en el futuro -o hasta una detención de tráfico- y el viejo delito sale a colación, creando las condiciones que podrían llevar a su expulsión del país“.

Villela indica que no hay transparencia en las cifras de deportación del gobierno federal y qué tipo de delito o qué contexto tenía la persona expulsada. Desde 1996, la ley federal de inmigración también creó una serie de categorías de delitos que han facilitado la deportación de cientos de miles de personas, incluyendo aquellos criminalizados por temas migratorios.

Las dos nuevas leyes son :  AB 813 y SB 1242, de la asambleísta Lorena González y del senador Ricardo Lara, respectivamente.

La SB1242, de Ricardo Lara, combinada con la SB1310 aprobada hace dos años, también de su autoría, reduce a un máximo de 364 días la condena por un delito menor en California. Esto impedirá que caigan en el proceso de deportación debido a leyes federales que afectan a extranjeros, incluso residentes legales, que hayan cometido delitos cuya pena sea de 365 días o más.

Se beneficiarán todos los inmigrantes con delitos menores en California cometidos antes de 2015 aunque su condena tenga años de antiguedad.

Anjie Junck, abogada supervisora del Immigrant Legan Resource Center, dijo que la nueva ley “corrije un fallo de nuestro sistema de justicia que afecta a los inmigrantes en California, incluyendo residentes legales. Esto facilitará que quienes tengan delitos viejos no sean deportados simplemente por la discrepancia entre la ley estatal y federal”.

La otra ley es 813, de la asambleísta Lorena Gonzalez, que permite anular la validez de una condena penal aún cuando la persona haya cumplido su condena hace tiempo.  La nueva ley beneficiaría a personas  cuyos abogados no les avisaron de las consecuencias migratorias de una condena o un acuerdo judicial (plea), para que las saquen de sus records penales y no sean vulnerables a una deportación.

“Una condena con malos consejos de un abogado puede devastar la vida de alguien al conllevar un riesgo de deportación”, dijo Junck.

Adicionalmente, debido a otra ley adicional de la asambleísta Shirley Weber, de San Diego, se extiende por varios años más la Proposición 47, que desde 2014 cambió la clasificación de ciertos delitos no violentos y de drogas, que pasaron a ser delitos menores tras ser delitos mayores. La 47 originalmente expiraba el próximo año pero esta nueva ley la extiende por varios años más.

Pero las leyes, que entran en vigencia el próximo 1 de enero no actúan “automáticamente”.

“Las personas con antecedentes penales tienen que sacar sus archivos penales, conseguir disposiciones de la corte y documentos y buscar preferiblemente dos abogados, uno criminalista y otro de inmigración”, dijo el abogado de leyes migratorias Nelson Castillo. “Este es un proceso que lleva tiempo, pero podría ser beneficioso”.

En otras palabras, usted necesita un abogado que abra su record penal y pida el cambio a lo que este contiene, en base a las nuevas leyes. El cambio no es “automático”.