Ante las amenazas que la comunidad inmigrante percibe con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó ayer una moción para defender a los indocumentados.

Después que más de 100 personas se dirigieran a la Junta, la medida, impulsada por las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuehl fue aprobada por un voto de 4-0, en donde la recién juramentada supervisora Kathryn Barger del Distrito Cinco se abstuvo de opinar sobre la moción.

La medida pide que las agencias del condado desarrollen un plan para proteger la información e identidad de los migrantes, así como estudiar la posibilidad de crear una oficina de Asuntos de Inmigrantes.

Solís también propone que se analicen medidas de prevención de redadas de inmigración en tribunales, escuelas y hospitales.

Los departamentos del condado, como el Sheriff, deben proporcionar un informe en 30 días con un análisis de las mejores estrategias posibles para proteger y servir a las comunidades inmigrantes.

Bajo esta moción, la Fuerza Especial de DACA del Condado se transformará en la Fuerza Especial de la Protección y Adelanto de Inmigrantes, la cual será responsable de desarrollar y recomendar estrategias para la protección de los inmigrantes así como investigar la viabilidad de la creación de una Oficina o Departamento de Asuntos de Inmigrantes.

“Esta moción marca el primer paso de muchos que tomaremos para defender a nuestras comunidades inmigrantes y sus derechos”, dijo la Supervisora Solís. “El objetivo es proteger a los inmigrantes que forman una gran parte de nuestra fuerza laboral, a los niños inmigrantes que asisten a nuestras escuelas y a inmigrantes que pagan impuestos y son la clave que mantiene funcionando a nuestra economía, gobierno y sociedad“.

Según Solís, “muchas de las promesas electorales que el Presidente electo Donald Trump hizo durante su campaña, si se aprueban, tendrán consecuencias devastadoras para el Condado de Los Ángeles, no sólo para las comunidades de inmigrantes, sino también para la economía entera, la red de seguridad y el bienestar de la comunidad”.

Por su parte, la supervisora Kuehl expresó que “Mientras esperamos a ver las acciones que el gobierno federal puede tomar, es el deber del condado tomar cada medida preventiva posible para asegurar que los derechos de todos los residentes del Condado de Los Ángeles son, y sean, protegidos.”

“Muchas personas en nuestro país se enfrentan a nuevas incertidumbres a causa de las elecciones presidenciales. Esto hace aún más importante que el Condado tome medidas para proteger a la población de inmigrantes que llegaron a este país, como lo hicieron las familias de mis padres, para trabajar duro y construir una vida mejor para sus hijos”, añadió Kuehl.

Los migrantes en el condado

En el condado de Los Ángeles residen alrededor de 3 millones de inmigrantes. Y se estima que aproximadamente 500,000 de ellos podrían ser deportados si Trump ejecuta el plan de deportación masiva del que habló durante su campaña, indica la moción.

Una de ella es Betty (quien no ofreció su apellido) y se dirigió ayer a la Junta de Supervisora.

“Yo quizá califique para la residencia permanente a través de mi hija y también puedo ser el blanco de la deportación de Trump”, dijo esta madre indocumentada, al hablar en apoyo a la medida presentada por la supervisora Solís.

“La acción es ahora más importante que nunca. Hagan lo correcto y no separen las familias”, expresó.

Por su parte, Patricia Suárez dijo que “yo no me imagino si a mi hijo lo deportaran y me lo llegaran a matar”, en referencia a personas que son removidas del país aunque ya hayan pagado sus condenas en la cárcel.

La moción también recibió el apoyo de Rusty Hicks, de la Federación Laboral en Los Ángeles, así como de diferentes sindicatos del condado.

Estos señalaron que los inmigrantes son una parte vital de la comunidad.

Alejandra Menjiva, una inmigrante de Honduras y miembro de Parent Revolution dijo que apoya la medida porque “los inmigrantes venimos a ayudar a hacer a Estados Unidos grande.“

“Nuestros hijos no merecen vivir con miedo de que sus padres no vayan a estar en casa cuando regresen”, dijo.