Algunos estados y localidades retomarán medidas antiinmigrantes para asistir a Trump

Mientras algunos estados y ciudades se preparan para defender a los inmigrantes, otros están listos para ponerse al lado de Donald Trump, e incluso ayudarlo a castigar a quienes se atrevan a proteger o favorecer a los inmigrantes indocumentados.

Arizona es uno de ellos. El estado que en 2010 aprobó una de las más agresivas leyes estatales antiinmigrantes -invalidada por la Corte Suprema casi en su totalidad en 2012- vuelve a las andadas con una propuesta diferente: un proyecto de ley en su legislatura que obligaría a jueces penales a poner las condenas más duras por un delito a los inmigrantes indocumentados.

No es la única propuesta. En Arkansas, un mismo legislador (el senador estatal Gary Stubblefield, un republicano), ha presentado dos proyectos: uno retira fondos a ciudades que tienen “políticas de santuario” y otra hace lo propio con colegios y universidades.

Con “santuario”, según el proyecto, quiere decir cualquier institución cuyas decisiones “limiten el reporte del estatus migratorio a las autoridades federales, restrinja la transferencia de detenidos bajo custodia a ICE, requiera una orden de arresto de ICE antes de entregar un detenido o impida a un agente pedir el estatus migratorio de una persona”, entre otras.

Algunas de estas ya fueron litigadas en el pasado, y en más de una ocasión, los tribunales federales han invalidado leyes locales y estatales en las que de alguna manera se usurpa el rol del gobierno federal en aplicar la ley migratoria.

Pero otras probablemente generarán una nueva ronda de demandas.

En Pennsylvania, una legisladora estatal ha presentado una propuesta aparentemente dirigida a castigar a la ciudad de Philadelphia y a impedir que su alcalde siga manteniendo la actitud de no reportar o entregar a sus ciudadanos a las autoridades migratorias, a menos que estos estén acusados de un delito violento.

La propuesta fue aprobada por el senado estatal en octubre.

El alcalde de esa ciudad, Jim Kenney, es uno de muchos líderes locales que sostienen que la policía local no debe colaborar con las autoridades migratorias a menos que haya un delito grave de por medio, pero esta actitud entra en conflicto con las ideas de muchos legisladores del ala conservadora y del próximo gobierno en Washington, encabezado por el presidente electo Donald Trump.

Kenney recientemente llamó “peligrosa” y “un silbido racista” a la propuesta de la legisladora Martina White, ya que la misma haría a la ciudad “responsable” de los daños por actividades delictivas cometidas por un inmigrantes sin papeles y también prohibiría que la ciudad limite la colaboración con ICE.

Texas también estará considerando este próximo año una medida similar “anti santuario” así como otra que convierte en delito mayor cualquier infracción cometida por un indocumentado.

En Florida, hay un proyecto pendiente, de parte del senador estatal Greg Steube, para revertir la ley aprobada en 2014 que permite que los estudiantes indocumentados paguen la misma tarifa de los residentes legales en colegios y universidades, la llamada “in State tuition”.

Un área en la que muchos estados intentarán legislar es en el reasentamiento de refugiados en sus estados. En Michigan ya se aprobó al respecto una resolución de su cámara legislativa que pide al gobierno federal no enviar a refugiados a su estado hasta que se “aumentan los chequeos de seguridad”.

Las legislaciones antiinmigrantes por parte de ciudades y estados fueron populares entre 2006 y 2010, y muchas de ellas terminaron siendo invalidadas por los tribunales por inconstitucionales, como la Ley de Arizona, la Ley de Alabama, o las ordenanzas de Farmers Branch y Hazleton, que buscaban de diversas maneras hacer la vida imposible a los inmigrantes, limitando la renta de apartamentos, controlando sus movimientos o penalizando su presencia en esos lugares.

Durante varios años, las medidas antiinmigrantes dieron paso a una tendencia contraria: a las legislaciones proclives a beneficiar a los indocumentados, dándoles acceso a la educación, las licencias de conducir y diversos beneficios estatales.

Pero envalentonados por el nuevo movimiento anti inmigrante encabezado por Trump, muchos estados comienzan a preparar nuevos ataques legales contra sus residentes indocumentados.

El presidente electo Donald Trump prometió durante su campaña “quitar fondos federales” de las llamadas “ciudades santuario”, lo cual puede probar ser más complicado de lo que muchos esperan.

Su designado como Secretario de Justicia, el duro antiinmigrante Senador Jeff Sessions, ya se prepara para actuar contra las llamadas “ciudades santuario”, afirma.