Concejo de Santa Ana vota para controlar venta de ‘loncheras’
La nueva ordenanza establece dónde, cómo y cuándo pueden vender los "food trucks"
Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion
El ayuntamiento de Santa Ana votó el martes para reforzar la reglamentación de los camiones de comida, comúnmente designadas como “loncheras”, lo que podría desencadenar una batalla con los populares vendedores ambulantes de la ciudad, que han desafiado con éxito los intentos de la ciudad de regularlos en el pasado.
La nueva ordenanza, además de establecer un sitio específico para estacionar estos vehículos y vender sus productos, prohibiría lo siguiente:
- letreros de luces neones
- amplificadores de sonido o cualquier otro sistema de múscia
- estacionar el negocio a 500 pies de una escuela, parque, centro comunitario o zona de juego pública
- vender a 100 pies de cualquier intersección
- estacionarse en calles donde el límite de velocidad es más de 35 millas por hora
- establecer cualquier mueble, como sillas, mesas, cestos de basura, frente al vehículo, es decir sobre la acera
La violación de cualquiera de estos reglamentos resultaría en una ofensa menor contra el dueño del negocio.
Por años, dueños de estos negocios móviles han establecido su centro de operación a calles y vecindarios específicos —ahí ya conocen a su clientela. Pero con la aprobación de estos nuevos reglamentos, el ingreso para muchos de estos empresarios podría ver un declive.
Los miembros del consejo municipal dijeron que las nuevas regulaciones son necesarias para mejorar la seguridad y asegurarse de que los proveedores móviles estén cumpliendo con la misma normativa a la que se adhieren negocios sedentarios.
Después de la votación de 5 a 0 del consejo —el alcalde Miguel Pulido y el concejal Vincent Sarmiento estaban ausentes para la votación-, activistas de la ciudad, así como dueños de varios de estos negocios, aseguraron a KPCC que lucharían contra las normativas al solicitar la ayuda del mismo abogado que en ocasiones pasadas para pelear la iniciativa.
Es el cuarto intento en los últimos 23 años por controlar al negocio callejero en la ciudad. En todos los intentos pasados, tanto tribunales como los mismos dueños de estos negocios han rechazado cada proyecto como una medida inconstitucional.
La ordenanza debe todavía pasar una segunda lectura ante el consejo previo a que pueda entrar en efecto.
