El líder del departamento de Sheriff más grande de la nación rechazó la propuesta que se estudia a nivel estatal que convertiría a California en un estado “santuario”, diciendo que aunque no quiere que sus uniformados actúen como agentes migratorios, prevé consecuencias masivas ante la aprobación de tal proyecto de ley.

En un entrevista con el Associated Press (AP), el Sheriff de Los Ángeles, Jim McDonnnell, compartió su sentir sobre la aumentada presencia que él especula tendrán agentes federales en el condado, tanto para hacer cumplir la ley federal migratoria, como para disciplinar a los que consumen, venden y cosechan marihuana, puesto que a nivel nacional esto es considerado illegal.

La marihuana recreativa

McDonnell dijo que espera que la legalización de la marihuana recreativa traiga desafíos adicionales a sus agentes, que patrullan cerca de 4,000 millas cuadradas en el sur de California —desde un aumento de colisiones de tránsito fatales, hasta un alza en sobredosis causadas por brownies (pan), gomitas u otros comestibles que contienen cantidades de THC altamente concentradas.

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo el mes pasado que funcionarios federales tratarían de adoptar “políticas razonables” para el cumplimiento de las leyes federales contra la marihuana, dictamen que afectaría directamente a California, ya que en noviembre pasado se dio la  aprobación de la marihuana recreativa con la Proposición 64 en la boleta de noviembre. Sessions ha dicho que cree que la violencia rodea las ventas y el uso de la droga en todo el país.

Los agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles se han estado preparando para la legalización de la marihuana recreativa en California, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018, estudiando los índices de crimen en Colorado y Washington después de que se legalizó la marihuana en dichos estados, y según McDonnell, las autoridades deben prepararse para una potencial “crisis de salud”. Asimismo, anticipa que la legalización también impulsará la delincuencia y que elevará el costo para entrenar a más agentes para patrullar las calles del condado.

McDonnell, quien ha dirigido el departamento del sheriff desde 2014, también criticó la propuesta de ley estatal del santuario, conocida como la Ley 54 del Senado, que dijo que tendrá consecuencias no deseadas. Sin embargo, dijo, el departamento debe mantener una política estricta sobre qué información comparte con los funcionarios de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

Colaboración federal

A su criterio, limitar la colaboración que tienen las agencias locales con oficinas migratorias federales —ICE y CBP- obstaculizaría la cooperación en la lucha contra el terrorismo y las iniciativas contra pandillas en el condado.

“Nuestra divisa es la confianza del público, y si estamos haciendo el trabajo de la inmigración entonces perdemos eso”, dijo McDonnell.

Si los agentes de inmigración no pueden acceder a la cárcel del condado para detener a los inmigrantes que viven en el país de manera indocumentada y que han cometido crímenes graves, se verán obligados a realizar arrestos en sus hogares o en lugares públicos, considera McDonnell.

El Sheriff también condenó una serie de medidas de reforma de la justicia penal, en particular la Proposición 47 que fue aprobada en 2014 por los votantes del estado y que buscaba reducir las penas por delitos menores como pequeños hurtos o escribir cheques sin fondos por 950 dólares o una cantidad menor.

McDonell atribuyó a un aumento de la delincuencia violenta a esta medida, destinada a aliviar el hacinamiento en las cárceles estatales,