Editorial: En defensa de los periodistas

El homicidio de un periodista es un ataque la sociedad en su conjunto.
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Editorial: En defensa de los periodistas
Emilio Gutiérrez Soto era corresponsal del periódico El Diario, de Ciudad Juárez
Foto: EFE

El número de asesinatos de periodistas en México y el grado de impunidad para sus autores es uno de los más elevados del mundo. El país vecino vive un alto grado de inseguridad pública que amenaza a todos los mexicanos, pero a diferencia del resto, los informadores son seleccionados por su trabajo y son asesinados para que no lo puedan realizar más.

El homicidio de un periodista es un ataque la sociedad en su conjunto.

Es una agresión contra todos los que tienen el derecho a la información. Es una estocada contra la población que quiere saber qué están haciendo sus funcionarios electos por ellos. Es una victoria de las mafias del narcotráfico, de los políticos corruptos y de sus cómplices que callan.

El México que mata periodistas y no resuelve estos asesinatos está en compañía de países consumidos en guerra civiles como Somalia, Irak, Siria, Sudán del Sur y Afganistán. En la nación americana, a la mayoría de los periodistas los mata la corrupción asesina.

Los tres periodistas asesinados en marzo estaban separados por la distancia, pero unidos en su celo por denunciar un cáncer que carcome a la sociedad mexicana.

Miroslava Breach reportaba en Chihuahua sobre el despojo a los indígenas de sus tierras que realizaba el narcotráfico para sembrar amapola y  producir heroína.

Monlui Carbrera escribía sobre los conflictos internos y los recursos poco claros de los aspirantes a las alcaldías veracuzanas del Partido Revolucionario Institucional. Sus últimos reportes fueron sobre las ventas de los ingenios azucareros del área.

Cecilio Pineda denunció un supuesto pacto entre altos funcionarios  del gobierno de Guerrero y de la Policía Preventiva Estatal con un grupo ligado a la Familia Michoacana.

El entretejido entre narcotráfico y un gobierno estatal o local es lo más común en estos homicidios. No es casualidad que Veracruz, Chihuahua y Guerrero están entre los cinco estados con más periodistas asesinados.

La Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República es la encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones de estos casos. Hoy se limita a contar víctimas.

Este es un monumento a la inoperancia que representa el pobre papel del gobierno federal para defender a los periodistas ante los gobiernos estatales. Los mexicanos necesitan las voces de los informadores para proteger su democracia.