Si Trump le declara la guerra a la marihuana, así se defendería California

California defiende el derecho de sus residentes a vender el cannabis —legalmente

En varios estados la cosecha, venta y el consumo de marihuana ya es legal.

En varios estados la cosecha, venta y el consumo de marihuana ya es legal. Crédito: EFE

Un legislador californiano quiere prevenir que agentes federales obtengan ayuda de policías locales y estatales si la Administración Trump decide reprimir a otra facción potencialmente en peligro en California: las empresas de marihuana.

En marzo, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que habría “una mayor aplicación” contra la marihuana recreacional legalizada. Esto ocurrió cuatro meses después de que los votantes de California aprobaron la marihuana recreativa, cuyas ventas comenzarán en 2018. Ahora es legal para cualquier persona de 21 años o más tener hasta una onza de marihuana.

La AB 1578 prohibiría la participación de agencias locales en operativos federales que directamente afectarían a dispensarios del cannabis que operen de acorde a la ley de California, las cuales necesitarán licencias estatales y locales a partir del 1 de enero para operar legalmente.

El autor de la propuesta, el asambleísta Reggie Jones-Sawyer, demócrata de Los Ángeles, dijo durante una teleconferencia que está tratando de construir una pared azul alrededor del estado con su propuesta de ley, que protegería “una de las mayores empresas” en California.

“Tenemos que sacar a los [dispensarios] ilegales”, dijo el legislador.

La Coalición del Sur de California, un grupo de cabildeo para las empresas de marihuana en el estado, apoya la legislación, pese que no todas las tiendas de venta del cannabis estarían cubiertas bajo esta ley.

No obstante, el grupo Smart Approaches to Marijuana se opone a la propuesta de Jones-Sawyer, diciendo que la política de venta en marihuana debería ser una regida por la ciencia y la evidencia de ésta, no por burócratas. El grupo teme que la comercialización a gran escala sería un grave error por parte del estado.

La legislación está programada para ser analizada en el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea Estatal el 18 de abril.

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