Derrota para el gobierno de Trump en su vendetta contra ciudades santuario
ANÁLISIS: Tras semanas de amenazas contra estados, condados y ciudades por "no cumplir la ley de inmigración", un juez le baja los humos prohibiendo la aplicación de sus recortes contra estos gobiernos, mientras que Sessions concede que no los castigará por soltar a indocumentados de las cárceles
Crédito: Zach Gibson | Getty Images
A punto de cumplir los 100 días simbólicos de su toma de posesión, Donald Trump y su procurador Jeff Sessions acaban de sufrir una grave derrota en su campaña por castigar a las llamadas “ciudades santuario” contra las que ambos amenazaron liberar toda la furia y la revancha del gobierno federal.
Se trata de ciudades que desde hace años han venido tomando medidas para proteger a la mayoría de sus residentes de la deportación o al menos, contra la obligación de convertirse en brazos operativos de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
Todo parece indicar que la promesa de cortar fondos y castigar severamente a ciudades, condados, estados y en general, jurisdicciones que “no cumplan la ley” (según Sessions) sobre entregar a inmigrantes, se ha quedado en una lucha pírrica sobre un código muy estrecho de ley.
Y aun así, dada la decisión de un juez federal el martes por la tarde, no está claro que puedan ganar a la larga ni siquiera en aplicar dicho código de ley federal. El gobierno de Trump finalmente ha concedido que toda la lucha en torno a las ciudades santuario se resume a la aplicación de 8 U.S.C. 1373, un código de ley que proviene de la reforma de 1996 y que prohíbe que cualquier gobierno limite la transmisión de información sobre el estatus migratorio de un individuo.
En la discusión sobre ese código de ley, cuya aplicación ya estaba siendo implementada por Barack Obama, se quedó la gran promesa de castigo contra las ciudades santuario.
Este martes, dos hechos marcaron el giro a lo que puede convertirse en otra estrepitosa derrota para los ambiciosos planes de Trump sobre inmigración. Una más de tantas.
El primero, la decisión del juez federal William H Orrick en una demanda de Santa Clara, San Francisco y otras ciudades, que demandaron al gobierno federal contra la medida de retirar fondos de Washington a esos gobiernos locales que “no cooperaran con la aplicación de ley migratoria”.
Orrick prohibió que el gobierno federal aplique un segmento clave de la orden ejecutiva sobre inmigración de Trump emitida en enero sobre las “ciudades santuario” y determinó que los demandantes habían demostrado el daño a causar y el posible éxito de la demanda a largo plazo.
En respuesta a la decisión, el director ejecutivo de la Conferencia Estadounidense de Alcaldes Tom Cochran, dijo que “los alcaldes del país aplauden esta decisión”.
La decisión, en resumen, dice lo que alcaldes y jefes de policía, entre otras autoridades locales han venido argumentando: que la orden ejecutiva sobre ciudades santuario excede los poderes del presidente y viola la constitución.
Tom Saenz, abogado constitucionalista y presidente de MALDEF, dijo el martes por la tarde que la decisión “reivindica los límites de la autoridad ejecutiva”
“Esta orden demuestra que la campaña de bullying del gobierno de Trump contra los gobiernos locales debe terminar”, dijo Saenz. “La pretensión de autoridad imperial de este gobierno no tiene base en nuestra Constitución”.
El segundo hecho fue la reunión, esta misma tarde, del procurador Sessions con la Conferencia de Alcaldes para discutir el asunto, donde les confirmó que, en efecto, todas las amenazas se reducen a la aplicación de ese código.
De hecho, en un comunicado del Departamento de Justicia, Sessions pareció suavizar notoriamente sus amenazas contra las ciudades al aceptar que “hoy, la mayoría de alcaldes nos han asegurado que están cumpliendo con la ley”.
En resumen, Sessions concedió a los alcaldes por primera vez que el gobierno no pretende castigarlos por no cumplir los llamados “detainers” u órdenes de detención para mantener en las cárceles a personas requeridas por ICE.
Cochran, de la Conferencia de Alcaldes dijo que en la reunión con Sessions, “alcaldes y jefes de policía escucharon que la definición de ciudad santuario está basada en el cumplimiento con el código 8 USC 1373”, uno que la inmensa mayoría de las ciudades ya dice cumplir.
Tom Jawetz, del centro liberal de investigaciones Center for American Progress, dijo que finalmente quedó claro que “las amenazas contra las ciudades santuario eran vacías, está claro que la orden del gobierno es inconstitucional”.
