Congreso peruano presiona a favor de uno de los primeros afectados por la red Odebrecht

NUEVA YORK.- Después de casi 20 años de luchar ante la justicia para recuperar parte de su patrimonio perdido en Perú, parece que el empresario Jorge Otoya tiene una nueva luz de esperanza, gracias a que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de esa nación lo está tomando en serio para que se reabra su caso.

Su historia forma parte de las decenas de afectados por la empresa brasileña Odebrecht, debido a su red de sobornos en 12 naciones, 10 de las cuales fueron latinoamericanas, incluyendo Perú.

El caso conocido como Lavajato ha ligado hasta a expresidentes, como Alejandro Toledo (2001-2006), quien será detenido durante 18 meses por presuntamente recibir sobornos; así como Ollante Humala, quien gobernó de 2011 a 2016, y su esposa Nadien Heredia, por el llamado “Programa OH”, relacionado a proyectos millonarios de infraestructura.

Como este diario publicó, Otoya, quien es un capellán que colabora en servicios religiosos con la Policía (NYPD) y la Alcaldía neoyorquina, era un destacado empresario en Chimbote, en Áncash, dedicado a la extracción de piedra caliza.

El 21 de enero de 1998 firmó un contrato con la Empresa Siderúrgica del Perú S.A. de C.V. (SIDERPERÚ GERDAU) por 2,124,000 dólares que parecía la mejor oportunidad de su vida, pero terminó dejándolo en la ruina. ¿Qué sucedió ahora que su caso podría ser reabierto por la justicia peruana?

Otoya le solicitó a la Comisión mencionada atender su caso, como parte de las investigaciones sobre Odebrecht, la cual tardó varias semanas en responderle, hasta que lo hizo positivamente, solicitándole documentación que sustentara sus dichos.

“Con esa documentación que le envié a la Comisión busco reabrir mi caso, una denuncia que inicié contra SIDERPERÚ, empresa que después fue GERDAU, en 2006, involucrado en escándalo financiero con Petrobras”, explica Otoya.

Este caso, como lo había adelantado el excongresista, Juan Pari, forma parte de muchos que fueron archivados por el Poder Judicial peruano.

“El Poder Judicial del Perú debería hacer una revisión selectiva de los casos en que hay indicios de corrupción de magistrados y jueces. En Áncash la corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público fue, y acaso sigue siendo, endémica. Como el caso de Otoya, hay cientos de casos de empresarios que fueron proveedores de las empresas brasileñas que impunemente dejaron de cumplir con los pagos contratados originando la quiebra de dichos empresarios”, expuso Pari.

Ahora, la solicitud a la Comisión que preside Héctor Virgilio Becerril fue hecha por la congresista Maria Elena Foronda Farro, a través del oficio 177/2017/MEFF-CR, del que este diario tiene una copia.

“(Le envío) documentación presentada a mi Despacho por el ciudadano Jorge Luis Otoya Villava, relacionado con denuncias contra directivos de la empresa SIDEPERU, respecto a lo cual la suscrita intentó recabar información, pero fue denegado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por carecer de facultades de investigación, por lo que considero que la presente denuncia sería competencia de la Comisión que usted preside”, indica el documento.

Otoya también entregó una carta certificada en la ciudad de Nueva York por el notario público Elvin Olivera Notario Público, de la que también este diario tiene copia, a la Comisión presidida por el congresista Becerril, donde expone su caso.

En entrevista, el capellán dice que la nueva demanda será por 20 millones de dólares contra los directivos de GERDAU, empresa que adquirió SIDEPERU.

“El caso es que hay una relación de Odebrecht COOPEX y Gary Luty Dávila Alverdy con los exdirectivos de SIDERPERU. La transferencia de SIDERPERU se hizo en el 2006, pero Rafael Montoya y Arturo Torres trabajaron hasta el 2008 ya con GERDAU y ellos adquirieron los pasivos y activos de la empresa con la que hice mi contrato original”, contó Otoya.