Acusado de trata de personas y extorsión en la ciudad de Fresno

Efren Álvarez, de 51 años, está acusado con cargos de trata de personas y extorsión por la fiscal del Condado de Frenso, Lisa Smittcam, en lo que se considera uno de los primeros casos de trata de trabajadores agrícolas en California. Este viernes, Álvarez se declaró inocente ante esas acusaciones en la Corte Superior del Condado de Fresno, por lo que se encuentra en libertad bajo fianza de $153,000, hasta que acuda a juicio en noviembre.

Las tres víctimas forzadas a trabajar para él: Carmen, Elena y Luigi cruzaron la frontera mexicana en enero de 2016 hasta Fresno, donde conocieron a Álvarez a través de una mujer, Pilar, a quien alquilaron un apartamento. Comenzaron a trabajar para él por $30 al día amarrando vides, aunque pronto se dieron cuenta de que podían ganar más dinero en cualquier otro lugar.

Después de trabajar en otra granja, Pilar les dijo que Álvarez les pagaría $10 por hora, pero que tendrían que buscarse otro lugar donde vivir. Como tenían poco dinero, Álvarez les prestó 1.000 dólares para alquilar un nuevo apartamento. Sin embargo, como garantía por el préstamo, les requisó sus visas y pasaportes. Fue entonces cuando comenzó el calvario para los tres trabajadores mexicanos. 

Sin visas ni pasaportes no podían irse a ningún lugar, y su jefe les amenazaba continuamente con informar a las autoridades de inmigración si dejaban de trabajar para él, sostienen los fiscales. Las tres víctimas se muestran de acuerdo en que fueron forzados a trabajar para Álvarez por intimidación y miedo, de acuerdo con diversos documentos judiciales.

Según avanzaban las semanas, el piso de dos dormitorios en el que vivían se fue llenando con otras seis personas, sostienen los documentos. Así que Álvarez prestó a Elena, Carmen y Luigi otros $2,200 para alquilar una casa diferente en Fresno. Su abogado Tomás Núñez asegura que ninguna de las tres víctimas se opuso a entrar en la casa y que eran libres de irse cuando quisieran: “No había guardias y no estaban encerrados dentro de la casa”, afirmó.

Pero la fiscal Lynette Gonzáles narra en documentos judiciales que Álvarez lanzaba piedras a la casa de las víctimas para despertarlas y que entraba libremente en la casa sin previo aviso y sin permiso. Además, les cobraba extra para conducirlos hasta los terrenos agrícolas y también por cobrar sus cheques de pago, sostiene.

En los campos, Álvarez caminaba junto a los trabajadores con una vara en la mano, asegura la fiscal. “Les gritaba y amenazaba con cortarles las manos o los dedos”, afirma Gonzáles. 

Sin embargo, Núñez dice que Álvarez tenía el derecho legal de cobrar la deuda de su préstamo y que las condiciones de trabajo eran buenas: los tres trabajadores cobraban $10 por hora, nueve horas al día, y ganaban unos 445 dólars a la semana después de impuestos y tarifas por el transporte y el cobro del cheques, dice Núñez.

Gonzáles cree que las amenazas continuas privaron a los tres trabajadores de su libertad. También dice que Álvarez usó tácticas múltiples para “controlar a sus víctimas”, ya que no estaban familiarizados con Fresno ni con el inglés o las leyes vigentes aquí, por lo que no tuvieron otra opción que aceptar el préstamo de Álvarez. “El acusado controlaba dónde vivían y cómo iban a trabajar”, afirma la fiscal. También, si podían o no regresar a México para visitar a sus familias.

“La restricción física no es necesaria para privar a alguien de su libertad”, reconoce Gonzáles. Las palabras de Álvarez les retuvieron porque “tenían miedo de abandonarlo”.